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Por Luis Peral, publicado en Fundación Valores y Sociedad el  12 de Octubre de 2017

Este artículo iba a tener como objeto la eutanasia y el suicidio asistido, en el marco de una ofensiva internacional por extender la cultura de la muerte en Occidente, que se ha traducido en diversas iniciativas políticas y parlamentarias.

En 2014, con mayoría absoluta, se desperdició – por razones que algún día confío ver expuestas, ahora que todos se proclaman adalides de la transparencia – una ocasión difícil de repetir de cambiar la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, como exigía el programa electoral del PP.

Ahora España se enfrenta a un reto ante el que se debe conocer la realidad existente en países que en su día aprobaron leyes sobre eutanasia: presiones sobre personas discapacitadas o vulnerables, eutanasias no solicitadas por el enfermo o no comunicadas oficialmente, pérdida de confianza de enfermos en sus médicos,…Una “pendiente resbaladiza” que no podemos ignorar.

Es curioso, pero algunos de los que habitualmente defienden esta cultura de la muerte, en sus propuestas sobre el aborto y la eutanasia, están también ahora intentando convencernos de que la España democrática de ciudadanos libres e iguales, la nación forjada en más de 2.000 años de convivencia, se ha convertido en un enfermo terminal merecedor de un suicidio asistido. La extrema izquierda populista (Podemos) y el radical-socialismo separatista (ERC) comparten, “de facto”, un proyecto que pretende para la España constitucional una muerte muy poco digna, con la ayuda de algunos irresponsables, políticos y mediáticos, que intentan, como en una sedación terminal, que el final nos llegue suavemente, con placidez, sin capacidad de reaccionar.

No se saldrán con la suya. Como en otros momentos de nuestra Historia, las energías profundas del pueblo español, su sentido innato de la dignidad, su patriotismo tantas veces acreditado en la hora de la verdad harán que ese presunto enfermo terminal se levante del lecho para aplicar a esos desleales y traidores todo el peso de la Ley, todas las medidas previstas en nuestra Constitución para su defensa y todas las sanciones incluidas en nuestro Código Penal para quienes lo vulneran con descaro y alevosía.

Y más les vale a todos los que, desde el acatamiento de la Constitución, representan políticamente a los españoles estar a la altura de las circunstancias y no defraudar al noble pueblo español en esta hora decisiva. Hasta aquí hemos llegado.

CíViCa
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