Miserias humanas y eutanasia

Por Nicolás Jouve Catedrático Emérito de Genética de la Universidad de Alcalá. Presidente de CiViCa. Vocal del Comité de Bioética de España. Publicado en Actuall el 21 de diciembre de 2020.

Entre las varias acepciones con las que el diccionario de la RAE define la palabra miseria se señalan estrechez o pobreza extrema, condición de miserable, tacañería o avaricia, suciedad extrema, plaga… Elijan la que prefieran que seguro encaja con lo que acaba de suceder en la cámara baja en relación con la despenalización de la eutanasia.

Es de por sí de una enorme estrechez la falta de diálogo y de argumentos a considerar, la grave decisión de dejar en manos de terceros la vida de una persona. Sí, porque es un engaño decir que quien decide es el enfermo que no desea seguir viviendo. Esta ley lo que va a permitir es que, en adelante, los enfermos terminales, los discapacitados, los más débiles física o mentalmente sean estigmatizados, al mejor estilo de los nazis promotores del programa Aktion T4 y alguien decida que ya no merecen seguir viviendo, o peor aún que se merecen una “muerte digna” (?), eufemismo al uso para enmascarar lo que realmente supone acabar deliberadamente con una vida humana. En tal caso, como la ley lo permite, se podrá ejecutar a quien ceda a la presión que supone la descalificación de su “utilidad social” o, peor aún, cuando haya quien decida por él y del mismo modo se le aplique el brebaje o la inyección letal. Lejos de una la independencia supuesta de la decisión sobre la aplicación de la eutanasia es una Ley que afectará mayoritariamente a las personas más dependientes.

Es de una pobreza extrema no querer escuchar a las asociaciones de profesionales de la Medicina, que reciben un golpe bajo a su quehacer médico, en cuyo código deontológico no cabe provocar la muerte de los enfermos, ni siquiera a petición de estos. La Asociación Médica Mundial se pronunció recientemente en contra de la eutanasia señalando claramente que “no es un acto médico”. A esto se refería el Dr. Jérôme Lejeune cuando decía que el enemigo a batir es la enfermedad y no el enfermo. Lo que reclaman los médicos es precisamente lo contrario a lo que se ha aprobado en esta ley, potenciar los Cuidados Paliativos.  Lo que los médicos señalan es que esta ley, tramitada con prisas, sin debate democrático, sin consultar a los profesionales, sin tener en cuenta el informe del Comité de Bioética de España, sin dialogo ni demanda social y en medio del proceso de pandemia con escasa capacidad de movilización ni de promover iniciativas razonables, va en contra de su función como médicos. Da la espalda a los cuatro principios básicos que deben regir un ejercicio profesional ético: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Es una ley miserable pues deja aún más en precario, por no decir que le corta las alas por completo, al desarrollo de los Cuidados Paliativos, muy deficitarios en España. Nuestro país ocupa el lugar 31 en este servicio en Europa… a la par de Moldavia por poner un ejemplo. Es el único país de Europa que no tiene reconocida la especialidad de Cuidados Paliativos.  No se ha desarrollado esta necesaria especialidad de manera oficial en las Universidades, ni siquiera se cumple la obligación de una materia obligatoria de Cuidados Paliativos en los planes de estudios oficiales de la Facultades de Medicina, de acuerdo con las exigencias de Bolonia. Sin embargo, los excelentes especialistas en paliativos, formados mayoritariamente en universidades u hospitales extranjeros, tienen los sobrados conocimientos y los medios clínicos terapéuticos para cubrir las necesidades de cualquier paciente en esa situación y constituyen una necesidad en nuestro sistema público de salud. ¿A dónde llegaremos tras la aprobación de esta ley? Sabemos que hoy cerca de 75.000 pacientes al año necesitan cuidados paliativos y no los reciben. Sufren dolor y lo que se les ofrece es la muerte, en lugar de paliar su sufrimiento.

La respuesta a la situación de precariedad en Cuidados Paliativos es la legalización de la eutanasia incluida en la cartera de servicios como un acto médico obligatorio del Sistema Público de Salud. Ante esto cabe también añadir el calificativo de tacañería, pues se prefiere no invertir en un plan nacional de recursos en Cuidados Paliativos como existe en todos los países de nuestro entorno europeo. A nadie se le oculta que tal vez lo que se quiera sea ahorrar el gasto que supone el mantenimiento de miles de enfermos al año que necesitan paliar el dolor y a los que lo que se les ofrece es la vía rápida de una muerte provocada

Aparte de las miserias anteriores, la Ley de la eutanasia es en sí misma anticonstitucional, porque lo que la Ley (con mayúsculas) señala es el derecho a vivir, y lo que ahora se instaura es un inexistente derecho a morir. Este es un extremo en el que ha hecho hincapié el Comité de Bioética de España, cuando señala que «el reconocimiento constitucional del derecho a la vida en el art. 15 CE constituye la proclamación de que la vida misma es precisamente el presupuesto elemental e indispensable de todo derecho», y añade que «la vida constituye no sólo un derecho, sino un presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y, por ello, aparece en primer lugar en el catálogo de los derechos y libertades que se consagran en la Constitución»… para a renglón seguido recordar la inalienabilidad del derecho a la vida que no admite su contenido negativo,  por razones de dignidad humana y libertad. «El derecho a la vida es irrenunciable en la medida que no se puede exigir el derecho a morir».

De vuelta al aspecto médico, la nueva ley es un golpe bajo contra los médicos que ven convertida en una obligación la eutanasia, sin contemplar la objeción de conciencia más que en condiciones parecidas a las del aborto, por medio de una lista estatal en la que se deben apuntar los que no la quieran practicar, y no al revés. Además, se pone en riesgo la confianza entre el médico y el paciente. Tras décadas de un avance en la pérdida del paternalismo que caracterizaba la Medicina de principios del siglo XX, y de ganancia en confianza del paciente, basada en un consentimiento informado, cabe ahora dudar sobre las explicaciones y soluciones que se ofrezcan en las circunstancias de dolor o precariedad física. Además, como nos recuerda el Comité de Bioética de España, «la consecuencia preocupante de la despenalización de la eutanasia es que lo que se concede al paciente como un derecho se convierta subjetivamente en una obligación ante los problemas económicos y familiares frecuentemente asociados».

Es la conocida pendiente resbaladiza. Una vez que se empieza con una tendencia, no se puede esperar más que un ir más allá, como ocurrió con la ley del aborto en España de 1985 a 2010, y como ocurre en Holanda, Bélgica y los escasos países que tienen aprobadas las leyes de eutanasia. En sus comienzos la ley holandesa era como la que ahora se aprueba en España, para despenalizar una veintena de casos de eutanasia y ya están en la existencia de protocolos como el de ‘Groningen’ para medir la calidad de vida de los recién nacidos y en función de ello aplicar o no una eutanasia neonatal, o la eutanasia por depresión o por demencia en adultos.

Finalmente, además de todo lo anterior, se trata de una ley innecesaria, pues nadie va a la cárcel de facto en un país que lleva años contemplando muy escasos casos de suicidio asistido… Es una ley que claramente deshumaniza la práctica de la Medicina y la presenta como un fracaso ante la imposibilidad de curar. Una ley que revela los desvaríos de falso progresismo de los partidos políticos que la apoyan. Es una ley que aparece en un contexto desacertado, cuando miles de españoles, especialmente los más mayores han fallecido víctimas de la COVID-19 en unas circunstancias carentes de humanidad, lejos de la dignidad que les corresponde, sin el apoyo familiar y la asistencia espiritual digna y propia de su condición humana. Como también señala el Comité de Bioética de España «Responder con la eutanasia a la “deuda” que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética de la responsabilidad y la reciprocidad intergeneracional».