«Son legítimos los incentivos de los poderes públicos a la vacunación»: Vicente Bellver

Por Vicente Bellver, miembro del Comité de Bioética de España y catedrático en Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia (UV) Publicado en Diario Médico el 5 de marzo de 2022 y en el Observatorio de Bioética de la UCV el 22 de marzo de 2022.

La obligatoriedad o no de la vacunación para combatir la COVID-19 ha sido, y sigue siendo, un tema de enorme debate. Para Vicente Bellver, miembro del Comité de Bioética de España y catedrático en Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia (UV), la vacunación de la COVID-19 en nuestro país no ha sido “voluntaria”, al existir una obligatoriedad “cívica o moral” que, además, se ha visto incentivada de forma “legítima” y exitosa por los poderes públicos.

Según Bellver, que impartió la conferencia inaugural de las VII Jornadas Seqirus de actualización de la gripe, celebradas en Valencia, frente a la vacuna de la COVID-19 había varias opciones: voluntaria, no obligatoria, obligatoria y forzosa. Y aunque en España, a diferencia de otros países, se decidió que no fuera “obligatoria”, para Bellver la misma tampoco es “voluntaria”.

En su opinión, “si fuera voluntaria, tendríamos derecho a renunciar a la vacuna, pero yo creo que no existe tal derecho: aunque uno, en el uso de su libertad puede renunciar a ella, existe a mi modo de ver una obligación cívica de vacunarse…”. Y puesto que existe, añade Bellver, “son legítimos los incentivos” que los poderes públicos hayan podido poner en marcha para promocionar dicha vacunación entre los ciudadanos. Para Bellver, los “enormes resultados” obtenidos con este enfoque, “avalan el acierto de la decisión”.

Otros retos

Bellver puso sobre la mesa diversos retos más a nivel de vacunación. Respecto a las nuevas incorporaciones al programa vacunal, hizo hincapié en que debe abordarse teniendo en cuenta el principio de “equidad” y la promoción de la disminución de las desigualdades sociales. Y sobre la vacunación antigripal de los profesionales sanitarios, recordó que “no hay obligación legal, pero sí hay razones que justificarían” la misma.

Sobre la vacuna de la gripe para la población infantil, “necesita ser abordado desde la perspectiva ética”, teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad y efectividad; es decir, “la sostenibilidad económica y social que debe garantizar la efectividad de la medida”.

Bellver se detuvo más en el reto de modificar el programa de vacunas, pero sobre todo para advertir a quienes deben decidir. “Existe una gran controversia entre el colectivo de salud pública y el de pediatras y es razonable que exista un debate sobre este tipo de cuestiones. Pero la sociedad tiene que percibir que se ha llegado a un consenso y hay una acción unitaria, ya que un bien fundamental tan importante como la salud pública es la confianza en las instituciones, entre ellas las autoridades sanitarias y las sociedades científicas”.

En su opinión, “si no somos capaces de trasladar a esa posición consensuada y unitaria a la sociedad, crearemos un problema de confianza y que se resienta profundamente la convivencia”. Por ello, reclamó en cuestiones tan sensibles, “hacer un esfuerzo de entendimiento y consenso para trasladar un mensaje robusto que genere confianza”.