Declaración de la UNESCO sobre el Covid-19: consideraciones éticas desde una perspectiva global.

Informe del Comité de Bioética de España sobre los requisitos ético-legales en la investigación con datos de salud y muestras biológicas en el marco de la pandemia de Covid-19.
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Declaración del Comité Internacional de Bioética (CIB) y la Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST) de la UNESCO, París 6 de abril de 2020.

UNESCO-Covid19

La enfermedad COVID-19 causada por el coronavirus SARS-COV-2 es una nueva infección aguda y emergente que ha alcanzado rápidamente graves proporciones pandémicas, las cuales precisan de una reflexión y una respuesta bioéticas a escala global. Las numerosas cuestiones éticas que se plantean exigen dejar al margen las diferencias y reflexionar de forma colectiva sobre soluciones éticamente aceptables. Una perspectiva de bioética y ética de la ciencia y la tecnología, arraigada en los derechos humanos, debería desempeñar un papel fundamental en el contexto de esta complicada pandemia.

El CIB y la COMEST, como órganos consultivos internacionales en el ámbito de la bioética y la ética de la ciencia y la tecnología, reconocen la urgencia de trascender las fronteras políticas y geográficas, así como las diferencias culturales, con el fin de centrarnos en nuestra necesidad común y responsabilidad compartida de entablar un diálogo para hallar medidas que permitan superar esta dramática situación. En emergencias de esta índole, la función de los comités de bioética y ética, en los planos nacional, regional e internacional, es mantener un diálogo constructivo, basado en la convicción de que las decisiones políticas deben tener un fundamento científico, además de inspirarse en la ética y guiarse por ella.

El CIB y la COMEST quisieran destacar una serie de cuestiones éticas vitales desde el punto de vista global que deben ser reconocidas urgentemente en todo el planeta, y hacen un llamamiento a los Gobiernos para que adopten medidas urgentes basadas lo siguiente:

  1. Tanto en el plano nacional como en el internacional, las políticas sanitarias y sociales deben basarse en evidencia científica sólida, teniendo en cuenta las incertidumbres que existen durante una pandemia, especialmente cuando ésta es causada por un nuevo patógeno, y deben guiarse por consideraciones éticas globales. Se recomienda un esfuerzo internacional para adoptar, en la medida de lo posible, criterios uniformes de recogida de datos sobre la propagación de la pandemia y su repercusión. Es fundamental y necesario institucionalizar una estrategia política que dé prioridad a la salud y la seguridad de las personas y de la sociedad, así como garantizar su eficacia mediante la promulgación de un diálogo interdisciplinar entre los agentes científicos, éticos y políticos. Las decisiones políticas deben basarse en evidencia científica sólida, pero nunca deben ser legitimadas únicamente por la ciencia. En una situación de crisis con numerosas incógnitas, un diálogo abierto entre la política, la ciencia, la ética y el derecho es especialmente necesario.
  2. En este contexto, ha surgido la preocupación de que las políticas puedan inspirarse en análisis retrospectivos de los datos epidemiológicos que puedan atentar contra la seguridad de la población en general en un entorno incierto y en constante evolución. Por ejemplo, la noción de inmunidad colectiva debe ser objeto de un examen ético muy prudente, teniendo en cuenta su repercusión en la cifra de casos potencialmente letales y en las condiciones insostenibles desde el punto de vista médico debido a la falta de disponibilidad de instalaciones de cuidados intensivos, incluso en los países desarrollados. Esto podría tener consecuencias negativas para la salud y la seguridad de las personas y sociedades. El CIB y la COMEST subrayan que las políticas que no se basan en conocimientos y prácticas de carácter científico y sólido no son éticas, ya que van en contra del esfuerzo por generar una respuesta común a la pandemia.
  3. Las pandemias ponen claramente de manifiesto las fortaleza y debilidades de los sistemas sanitarios de los diversos países, así como los obstáculos y las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria universal. El CIB y la COMEST destacan que la forma en que se asignan los recursos en el ámbito de la sanidad y el acceso inadecuado a la atención sanitaria son el centro de numerosos problemas. Los Gobiernos deben otorgar una importancia primordial en sus programas a la asignación de recursos y a reforzar los sistemas de sanidad públicos. Sin embargo, esto puede requerir una coordinación internacional. Las decisiones políticas a escala de macroasignación tienen consecuencias inevitables en la microasignación de recursos a nivel de los lugares de atención a pacientes (por ejemplo, la clasificación de pacientes). Estas opciones se hacen aún más difíciles y complicadas en el contexto de la pandemia, en el que la demanda de acceso al tratamiento aumenta de manera exponencial y rápida. La macro y microasignación de recursos sanitarios solo se justifica éticamente cuando se basa en los principios de justicia, beneficencia y equidad. En el caso de la selección de pacientes cuando hay escasez de recursos, debe primar la necesidad clínica y la efectividad del tratamiento. Los procedimientos deben ser transparentes y respetuosos con la dignidad humana. Los principios éticos consagrados en el marco de los derechos humanos reconocen la protección de la salud como un derecho de cada ser humano. El artículo 14 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 de la UNESCO afirma que «el grado máximo de salud que se pueda lograr» es un derecho fundamental de todo ser humano, lo que significa en el presente contexto el acceso a la atención sanitaria de máximo nivel que pueda proporcionarse.
  4. Las personas vulnerables quedan en una situación de aún mayor vulnerabilidad durante una pandemia. Es de especial relevancia tener presente la vulnerabilidad relacionada con la pobreza, la discriminación, el género, las enfermedades, la pérdida de autonomía o de funcionalidad, la edad avanzada, la discapacidad, el origen étnico, el encarcelamiento (presos), la migración indocumentada y la condición de refugiado y de apátrida (véase el Informe del CIB sobre la respuesta bioética a la situación de los refugiados de 2017). El CIB y la COMEST reafirman el reconocimiento de nuestras responsabilidades colectivas en materia de protección de las personas vulnerables y la necesidad de evitar toda forma de estigmatización y discriminación, tanto verbal como física (véanse los informes del CIB sobre el Principio de no discriminación y no estigmatización de 2014; en El principio de respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal de 2013). Las medidas tales como el aislamiento y la cuarentena afectan en gran medida a las personas vulnerables. Debe prestarse especial atención a la violencia intrafamiliar y a las personas que viven en situaciones económicas precarias, particularmente en los países en desarrollo. Asimismo, deben plantearse estrategias de apoyo y destinadas a prevenir el empeoramiento de sus condiciones. También deben adoptarse otras medidas para hacer frente al estrés psicológico provocado por la ansiedad pandémica y los efectos del confinamiento.
  5. El alto riesgo para todas las personas que sufren la pandemia pone de relieve el hecho de que nuestro derecho a la salud solamente puede garantizarse mediante nuestro deber para con la salud (tal y como subrayó el CIB en su informe sobre El principio de responsabilidad individual en relación con la salud de 2019), tanto a escala individual como colectiva. Es prioritaria la necesidad de que reconozcamos conceptualmente nuestras responsabilidades y las plasmemos en actos. Esto incluye las responsabilidades de los Gobiernos de garantizar la seguridad pública y la protección de la salud, así como de concienciar al público y a otros agentes sobre los métodos necesarios para este fin; la responsabilidad de la población de cumplir las normas que protegen a todos no solamente como individuos sino también, y sobre todo, como sociedad; y la responsabilidad de los trabajadores sanitarios de tratar y cuidar a los pacientes. A modo ilustrativo, el reconocimiento de la responsabilidad de cada uno conlleva hacer frente a las restricciones de la libertad (por ejemplo, el «distanciamiento físico»), lo cual no significa el «aislamiento social» de la persona ni su distanciamiento respecto a las relaciones sociales, sino una expresión del deber de mantener una distancia física adecuada en las actividades sociales con el fin de evitar la propagación de una enfermedad contagiosa.
  6. La información publicada por los políticos, científicos, autoridades y medios de comunicación debe ser oportuna, precisa, clara, completa y transparente. Se necesitan diferentes categorías de información para que todas las personas, independientemente de su edad, circunstancias vitales o nivel educativo, puedan evaluar la situación. En la era de las redes sociales, que dan cabida a la desinformación y a los bulos, la información pública precisa y, lo que es más importante, la información científica, deben cumplir una función clave en la orientación del compromiso social de las personas. Es crucial que exista una información concreta, práctica y comprensible sobre las mejores formas de realizar las actividades de la vida cotidiana para que los ciudadanos no solo protejan su propia salud, sino que también contribuyan a garantizar la salud pública. Esencialmente, el mensaje debe ser honesto, preciso, transparente y comedido para no sembrar el pánico ni restar importancia a la gravedad de la situación; el objetivo ha de ser que los ciudadanos tomen conciencia, de manera crítica, de los riesgos inminentes o futuros.
  7. Ya existe una explosión de actividades de investigación y ensayos clínicos cuya finalidad es hallar una cura y una vacuna para el COVID-19. La mayoría de estas actividades se realiza a escala local. No obstante, al mismo tiempo, existe la necesidad de coordinar los esfuerzos internacionales y formular un concepto común de los procesos de revisión ética. En el contexto de la pandemia del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus asociados han anunciado la organización de un estudio denominado «SOLIDARIDAD» para comparar los tratamientos no ensayados en varios países, ya que la realización de múltiples ensayos pequeños de posibles enfoques terapéuticos del coronavirus con diferentes metodologías podría no aportar las pruebas necesarias. Tal vez se haga necesario acelerar el examen y la aprobación de nuevos enfoques para no retrasar la investigación durante esta emergencia de salud pública. Debe crearse urgentemente un comité de supervisión para la investigación responsable durante esta pandemia a escala mundial. Dicho comité ha de reunir los resultados obtenidos a escala local y coordinar o compartir los procedimientos de examen; durante la pandemia, es posible que estos sean excepcionales y no cumplan las normas ordinarias. En este sentido, es fundamental brindar orientación a los comités de examen ético locales. Es comprensible que las nuevas prácticas se adapten al contexto de la emergencia, teniendo en cuenta las características de la amenaza mundial. Sin embargo, estas decisiones requieren una justificación ética (véase la publicación de la OMS Orientación para la gestión de los aspectos éticos en los brotes de enfermedades infecciosas de 2016). No deben transgredirse los principios éticos, sino que han de ajustarse a las circunstancias excepcionales. También es importante que la investigación en estas circunstancias no se lleve a cabo únicamente con ánimo de lucro. La transparencia, el intercambio de datos y el hecho de compartir los beneficios resultantes de la investigación para todos los seres humanos deben reconocerse como valores centrales (véase el Informe del CIB sobre el principio de aprovechamiento compartido de los beneficios de 2015). El CIB y la COMEST aplauden el rápido crecimiento del número de organismos de financiación y revistas científicas que han respondido al llamamiento del Wellcome Trust de comprometerse a que las publicaciones científicas relacionadas con el COVID-19 estén disponibles mediante libre acceso durante las emergencias de salud pública.
  8. La urgencia de hallar una cura no debe impedir que se apliquen prácticas de investigación responsables. Los investigadores deben cumplir los principios éticos de la investigación y, teniendo en cuenta la naturaleza de la epidemia, han de estar atentos al preocupante doble uso de la investigación. Todas las actividades de investigación están sujetas al escrutinio de los comités de ética competentes. Estos comités independientes deben seguir funcionando sin interrupciones.
  9. Las tecnologías digitales como los teléfonos móviles, las redes sociales y la inteligencia artificial pueden desempeñar una función clave en la lucha contra las pandemias al permitir supervisar la propagación de la enfermedad y el comportamiento de los seres humanos, así como anticiparse a estos fenómenos e influir en ellos. Es de vital importancia asegurarse de que se aborden adecuadamente las cuestiones éticas, sociales y políticas relacionadas con el uso de estas tecnologías. Los derechos humanos deben respetarse en todo momento y los valores de privacidad y autonomía deben equilibrarse cuidadosamente con los valores de seguridad y protección.
  10. La rápida propagación de la enfermedad provoca la creación de barreras en las fronteras entre países, comunidades e individuos en el intento de prevenir su transmisión. Esas medidas tan extremas no deben impedir la colaboración internacional en la lucha contra la pandemia ni instigar o perpetuar la xenofobia y la discriminación. Es un deber ético aumentar la solidaridad y la cooperación en lugar de refugiarse en la exclusividad y el aislamiento. En esta época en que la mayoría de las sociedades se rige por modelos económicos que recompensan la competencia, debemos recordar que, como seres humanos, somos una especie que ha sobrevivido y progresado gracias a la cooperación. En este contexto de pandemia, la cooperación es esencial en todos los planos: Gobiernos, sectores público y privado, sociedad civil y organizaciones internacionales y regionales.
  11. Las pandemias ponen de manifiesto la dependencia entre los Estados, por ejemplo en cuanto a la disponibilidad de reactivos para poder realizar pruebas diagnósticas, mascarillas protectoras, respiradores, etc. El CIB y la COMEST hacen un llamamiento a la cooperación y la solidaridad internacionales, en lugar de intereses nacionales de corto alcance, subrayando la responsabilidad de los países ricos de ayudar a las naciones pobres en este momento de emergencia de salud pública internacional. También hacemos un llamamiento a la adopción de medidas contra todas las formas de tráfico o corrupción que puedan estar relacionadas con personas o grupos que intentan socavar la solidaridad necesaria. i Traducción al español a cargo del Centro Nacional de Documentación en Bioética, La Rioja, España, en coordinación con UNESCO.