La conciencia ética frente al estado

Por Luis Miguel Pastor, Catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Murcia, Publicado en La Verdad de Murcia el 2 de noviembre de 2010.

«Y en cuanto a lo que decís que todos los buenos vasallos están obligados a responder, yo os digo que esto no es cosa que concierna a la conciencia del fiel vasallo. Porque más obligado está a su conciencia y a su alma que a cosa de este mundo». Estas palabras de Tomás Moro ante el tribunal que le juzgaba son una buena muestra de la importancia que tiene el respetar la conciencia individual de los ciudadanos. Es más, uno de los logros del Estado constitucional democrático ha sido, ante la imposición de las monarquías absolutas del principio 'cuius regio, eius religio' (de tal religión -del príncipe- tal religión -la del Estado), la de instaurar la primacía de los ciudadanos frente al Estado.

La libertad de las conciencias y de religión son uno de los avances más importantes que caracterizan nuestras sociedades contemporáneas. En la búsqueda por parte de las sociedades occidentales de una pacífica convivencia de sus miembros el reconocimiento de esta libertad es un hito. Es la afirmación, como verdad asumida por todos, de que no existen 'derechos de la verdad' sino el derecho de la persona a seguir la propia conciencia moral sin coerción por parte del Estado. Evidentemente esto tiene dos consecuencias. Por un lado, el Estado debe actuar de forma muy cuidadosa, diría escrupulosamente respetuosa, cuando tiene que regular dicho derecho en relación al bien público o de lo contrario el poder puede deslizarse hacia una forma laica de control moral y jurídico de las personas: integrismo laicista. Por otro lado, cualquier deterioro en el ejercicio de este derecho tiene que convertirse, para el gobernante, en una de las mas importantes señales de que está perdiendo su neutralidad. Como dice J. Habermas, se está cayendo en la tentación de imponer «una generalización política de una concepción del mundo de tipo secular» que «no es compatible con la neutralidad ideológica del poder estatal». En síntesis, la salvaguarda de este derecho es una garantía inequívoca para preservar la neutralidad del Estado, el respeto de todos y de las minorías y, sobre todo, la posibilidad de dejar libre a la propia sociedad para formular y reformular su proyecto de convivencia.

Como consecuencia de las consideraciones anteriores, considero que proteger y apoyar el derecho de objeción de conciencia de los profesionales en general y de todos los sanitarios en particular es algo prioritario en nuestra sociedad. Aceptar plenamente la objeción de conciencia no es simplemente tolerar por parte de los estados determinadas conductas marginales. Tampoco es aceptar a regañadientes la existencia de un derecho y limitarlo todo lo posible desde el poder porque dificulta los proyectos de un determinado Gobierno. Es mucho más. Nunca la objeción de conciencia puede ser algo que moleste a quien detenta el poder político, salvo, que éste tenga como prioridad la imposición de determinados modos y estilos de entender la vida. Insisto: una de las conquistas de nuestras sociedades contemporáneas es haber descubierto que los derechos no los tienen las ideas sino las personas. Por lo tanto, la objeción de conciencia es algo muy positivo para cualquier sociedad, no sólo porque es una manifestación nuclear de la dignidad que tiene todo ser humano y como tal un derecho del mismo, sino también porque es una exigencia esencial de una verdadera sociedad democrática. Ningún ser humano puede ser forzado a obrar en contra de su conciencia ética. No existe sociedad democrática, si se impone una mentalidad única desde el Estado. Como decía Atanasio de Alejandría en el lejano siglo IV «la verdad no se predica con espadas y lanzas, ni por medio de soldados, sino con la persuasión y el consejo». Por esto es lógico que en la reciente resolución parlamentaria del Consejo de Europa se indique que «ninguna persona o institución será coaccionada, culpada o discriminada por negarse a realizar, autorizar, participar o asistir a la practica de un aborto, eutanasia o cualquier acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión por cualquier razón». Un mensaje bien claro para los que quieren implantar sus propuestas sociales forzando las conciencias a través de la ley. El camino no es cercenar un derecho arduamente conseguido, sino conjugarlo con la elección de determinadas prestaciones sanitarias admitidas por la ley. Puede ser difícil en ocasiones lograrlo, pero la preservación de la libertad de las conciencias no es un asunto individual sino una cuestión de interés social que el Estado debe amparar, proteger y promocionar con generosidad. Cuando un Estado trata de restringir este derecho está atacando al núcleo de la sociedad democrática y la pone en peligro de perder su propia identidad tan difícilmente alcanzada. El deterioro de ese derecho supondría un inicio de corrupción por el que la sociedad democrática se traicionaría a sí misma y empezaría a dejar de ser ella misma.