En Cifuentes, ¿un muerto, o dos?

Por José Manuel Belmonte (Dr. en Ciencias Humanas por la Universidad de Estrasburgo, miembro de CiViCa)

Una llegada y una despedida, eso es la vida. Lo terrible es que alguna vez coinciden en el tiempo e incluso en el espacio. Y son las caras de la alegría y de  la pena,  ambas infinitas. Una tiene alas, la otra pesa. Quien las probó lo sabe.

Saben mis lectores que no me gusta la crónica negra, ni la novela negra. Saben también que antes de escribir, me informo. Luego, pienso y lo digo. En todo caso, busco la luz hasta en los abismos o pozos más profundos. Hoy no va a ser menos, aunque pueda doler. No es un cuento para asustar en Halloween.  ¡Ojalá fuera un cuento!

 Voy a hacer 3 aproximaciones a la realidad. Una, los hechos. Después, la tragedia. Por último, las consecuencias. A ver si entre esas líneas logramos percibir alguna idea y algo de vida más allá del miedo y la pesadilla.

 Los hechos.

 El 30 de septiembre de 2013, desapareció Carolina, en Cifuentes, a 65 km de Guadalajara, en el Centro de España. El crimen no se desveló hasta 23 días después. Había muerto a manos de José Miguel su pareja, con la que convivía. Carolina tenía 32 años. Era una inmigrante que había venido de Perú.

Cifuentes, es una histórica ciudad que tiene algo más de dos mil habitantes. El acusado había hecho todo lo posible para desviar las pesquisas y entorpecer la investigación. Finalmente, se puso en contacto con el ex marido de la víctima para que viniera a recoger a sus 3 hijos, que vivían con su madre. Eso despertó a los Servicios Sociales.

Ahora, 2 años después ha comenzado el juicio en la Audiencia de la capital alcarreña. Concretamente se ha iniciado el día 22 de octubre. Y habrá jurado popular.

Visto así, desligados los hechos de las personas, parece un caso más de "violencia de género" o "violencia machista".  Pero…lo que importa de los hechos son las personas. Resulta que esa vida en flor ilusionada, era "casi todo" lo que ella tenía, y ese "carnicero" se la arrebató. Digo "casi", porque además de sus tres niños, estaba embarazada de 8 meses. Y digo "carnicero" porque aunque podrán comprobar que podría perfectamente ser un adjetivo, resulta que era "su profesión".

La tragedia.

Estar sentado a dos pasos de un asesino, aunque esté esposado, impone. He querido estar desde el primer momento del juicio, para conocer algo de la vida que rodea la muerte.

Tras los sueños de una vida mejor en España, en 2009 el matrimonio de Catalina con Henry Aguilar se había ido a pique. A pesar de tener 3 hijos, el mayor con 10 años,  había malos tratos. Decidió separarse y quedarse con los niños, ingresando en un centro de acogida con ellos. Con 28 años, el cariño de sus hijos y la ilusión por sacarlos adelante, antes de acabar el Plan de Empleo en el que estaba, ya había encontrado trabajo que le permitió independizarse. El ex marido tenía que pasarle una pensión.

Cuando, después, conoció a José Miguel, fue este quien le propuso que fuera a vivir con él y también los niños.  Aparentemente para ella, era un rayo de esperanza. Vivían en el piso que está encima de la carnicería.

Quedó embarazada de José Miguel a principios de 2013. Pero Carolina desconocía que este individuo ya se había visto implicado en otro caso de violencia de género. De hecho la mujer con la que mantuvo entonces una relación, le abandonó. La asesora jurídica del Centro de la Mujer, sospecha que hubo maltrato, cuando se enteró de que estaba embarazada.   

En septiembre de 2013 Carolina estaba ya de 8 meses. Según Miriam, la madre que vivía en Lima, y a quien llamaba con frecuencia, por teléfono había sido testigo de discusiones violentas. Confesaba que su hija misma le había dicho que su relación no era buena. En una ocasión su hija la llamó llorando, y le dijo que "no podía nadar contra corriente" y le manifestó su intención de dejar la relación con el acusado. También la hermana de la victima dijo ante el tribunal: "Ella me había llamado en los últimos meses llorando y diciéndome que no entendía su cambio de actitud. Esa tosquedad y frialdad".

¿Alguien se imagina la angustia de una mujer, que lejos de su patria, se enfrenta al dilema de un segundo fracaso sentimental? Otra cosa es que algo de ese dolor trascendiera a los niños. Ella supo alejarlos de sus miedos y sus lágrimas.

Lo cierto es que el 30 de septiembre Carolina Diana Carmen Calderón, madre de tres niños y embarazada de otro hijo varón, tras ser golpeada de forma contundente, dejó de existir.

Las letradas de la acusación particular han considerado probada que la agresión se produjo "sorpresivamente" y que la víctima no pudo defenderse al estar embarazada de ocho meses, lo que le impidió evitar la agresión que le causó la muerte.  Según los peritos de la autopsia la fractura craneal es "como un estallido" por lo que requería una energía que no considera compatible con la hipótesis de la defensa que alega que fue por "un empujón" y que ella misma se habría dado contra la cómoda.

Por si quedaba alguna duda, los peritos añadieron que fue un golpe dado con una“fuerte energía e intensidad”, por lo que “no es una caída normal. Podría ser por una caída desde una cierta altura, no desde la altura de una persona”. Le produjo fracturaspolifragmentarias, es decir, con numerosos fragmentos. Tenía el cráneo roto en once trozos.  En cuanto al posible objeto que provocó el golpe, señalan que pudo ser una barra o palo o "algo alargado".

Dos peritos han señalado que la víctima no era consumidora de drogas tras los informes realizados a los restos.

El hijo que esperaba era al 99,9% del acusado, según los peritos. No tuvo piedad de él. Si hubiera sido un golpe fortuito podría haber avisado a urgencias o hacer algo por salvar la vida de su hijo que llevaba la víctima en su interior. Ese hijo, tenía derecho a vivir, junto con su madre, pero se llevó la peor parte. No hubo esa pequeña dosis de humanidad.

El acusado, José Miguel Batanero Vicente, no solo no hizo nada, sino que para evitar su inculpación engañó a los niños diciéndoles que su madre había ido al hospital, y como el embarazo era real, trató de ocultar el crimen a todos. Siguió despachando en su negocio. Repartía excusas entre quienes se interesaban por su paradero: «Está en un hospital de Madrid ingresada, sangraba por lo de su embarazo». Si le preguntaban en cuál, se escondía en la ignorancia: «No me lo ha querido decir, pero está bien».  Fingiendo llamadas telefónicas, mandando falsos mensajes a los familiares.  Llegó a sacar, en Madrid, dinero de la tarjeta de su mujer, como prueba de sus palabras cuando cambió la estrategia diciendo que les había abandonado. Cuando los interrogantes se hicieron más insistentes se convirtió en víctima: «Dice que yo no la entiendo y se ha ido con unas amigas». Y si alguien dudaba, les enseñaba mensajes que le había mandado Carolina a él (que él mismo se había mandado) Decían así: «No vengas a por mí a Madrid. Ya iré yo. Estoy con unos amigos que me entienden mejor que vosotros»; «No te molestes en buscarme, cuando nazca el niño sabrás de mí»;  Y finalmente:«José, estoy en las islas griegas, no se lo digas a nadie».

Las excusas (15 distintas) obstaculizaron la investigación, hasta el punto de que las fuerzas del orden no pudieron descubrir el paradero de la mujer hasta un mes después de los hechos. Había ganado tiempo, para descuartizar a la víctima en 9 partes y hacerlas desaparecer.  El acusado trasladó el cadáver a una nave de su propiedad  que tenía en una parcela a las afueras de la localidad, donde descuartizó el cuerpo (separó cabeza, brazos y piernas del tronco) y lo enterró con cal en diversos lugares de la finca. Sólo cuando le mostraron las fotos de los cajeros donde sacó dinero (había retirado 300 y 500 euros respectivamente)de la cuenta de la víctima, terminó confesando.

Los peritos al estudiar los distintos pedazos en que fue descuartizada la víctima  dicen se produjeron por "una incisión contundente con un borde cortante muy afilado como una hacha o algo parecido".

Frente a quienes piensan (la defensa) que el acusado tiene algún trastorno de personalidad, o es una persona con "pocos recursos intelectuales" y que se bloqueó tras cometer el crimen, los peritos presentados por la defensa de los hijos y de la madre de la víctima consideran que el acusado no tiene trastorno alguno, lo que apoyan en su propios historial biográfico y en los encuentros mantenidos con él. Señalan, que todo “iba encaminado a ocultar el cadáver”. De haber existido un bloqueo, este habría sido percibido por la gente de su entorno o sus clientes. Por lo que les lleva a concluir que "era perfectamente conocedor de lo que hacía”.

Esa misma frialdad la ha demostrado en el juicio, cuando el ministerio fiscal se ha dirigido a él para preguntarle por los hechos, su respuesta fue: "Me acojo a mi derecho de no declarar porque tengo confusión de lo que sucedió aquella mañana".

 Las consecuencias

En la causa estaban personadas dos acusaciones particulares, en nombre de los tres hijos de la fallecida y en representación de la madre y hermana de la víctima, respectivamente, que solicitan entre 20 y 25 años por el delito de "asesinato" así como 8 años por el de aborto, además de acusar al acusado del delito de profanación de cadáver y hurto, con agravante de parentesco.

A esas acusaciones se suma la popular, ejercida por la Junta de Comunidades al tratarse de un caso de violencia machista.

Y el Fiscal considera que se trata de un delito de "homicidio", al no estar probado el ensañamiento. ¿No?  Pide únicamente 15 años de prisión.

Mientras que la defensa del acusado, lo califica de "homicidio imprudente", ya que no existían denuncias previas por malos tratos. Pide una pena máxima de 2 años y 1 día. Según la defensa, los hechos se produjeron cuando en el transcurso de una discusión la víctima golpeó la cara del acusado y este, en un acto de defensa, la empujó cayendo hacia atrás y golpeándose en la cabeza con el pico de una cómoda, lo que le provocó la muerte.

A estas alturas, calificar los hechos de una forma u otra era muy importante.  Bárbara Arroyo, no tiene la menor duda de que se trata de "asesinato", que son 5 años más de los que dice el Fiscal, a los que había que añadir 8 años más por aborto y agravante de parentesco.

Según se califiquen los hechos, variará también la cuantía de las indemnizaciones que se soliciten si el Jurado Popular lo considera culpable.

El Ministerio Fiscal pide 125.000 euros para cada hijo y 20.000 para la madre.

La acusación particular del padre de los 3 niños pide 250.00 para cada hijo.

La acusación particular que representa a la madre y la hermana de Carolina, pide 136.000 para la madre, 60,000 para la hermana y 150.000 para cada hijo.

La acusación popular tanto de la Junta como del Estado, pide 150.000 para los hijos, 75.000 para la madre y 25.000 para la hermana.

Mientras que la Defensa del acusado, pide 60.000 para cada niño.

Preguntas  sin clarificar

Según ha confesado el padre de los 3 hijos de Carolina, los niños duermen  mal, tienen sobresaltos, casi no pueden concentrarse cuando estudian, y han perdido alegría y ganas de jugar. A todos los vimos en videoconferencia. El mayor tiene ahora 16 años. Están huérfanos de madre y en edades muy difíciles. Independientemente de las indemnizaciones, ¿Porqué no se acuerda que sean ayudados psicológicamente mientras lo necesiten?

Dado que la víctima estaba embarazada de 8 meses, y dado que la criatura ha muerto en el vientre materno, al asesinar a la madre, ¿por qué no se habla de asesinato intrauterino? ¿No es el padre de ese feto quien le ha impedido nacer? ¿Por qué la defensa de ese niño y los medios de comunicación llaman a esa muerte "aborto"? Si ha dado muerte a la madre y se califica el acto de "asesinato", si ha producido la muerte de ese niño varón, hijo suyo, por qué no se califica de "parricidio"? De aborto, como tal, no se puede hablar.

¿Por qué no se reclama para ese bebé no nacido, la herencia que legítimamente tenga derecho y se le entrega a su abuela? ¿Por qué ha de disfrutar el padre que le mató (impidiéndole nacer) de lo que le correspondería como hijo, y al no poderlo entregar a la madre a quien pertenecería, dárselo a su abuela? Si el Ministerio Fiscal pide 125.000 euros para cada hijo de la víctima, ¿no tiene el hijo no-nato igual derecho y con mayor razón por ser hijo reconocido del asesino?

Por último, ¿por qué la acusación popular tanto de la Junta como del Estado, sabiendo que el art. 15 de la Constitución dice que "todos tienen derecho a la vida", no se han referido al derecho de este niño de 8 meses? ¿Es que no tenía derecho a la vida, el inocente indefenso? Y si la tenía, ¿por qué su muerte, para ellos, queda impune? ¿O cuando no saben cómo calificarlo, le llaman aborto, pero cuando es aborto, lo llaman grupo de células? ¿Por qué, en nombre de qué, con qué derecho, se priva de la vida a un ser humano en el seno materno? Madre e hijo tenían derecho a vivir, y sus muertes, claman. Sobre todo justicia. La madre de la víctima y abuela del nieto no nacido, sigue preguntando ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no salvó si quiera el niño?

Este crimen de Cifuentes, tiene muchas preguntas, vitales. Ahí quedan algunas. De todos modos, ser niño o niña, desde el primer instante y hasta la edad adulta es una total indefensión, un estar a merced de los otros. No hay una legislación capaz de defender la vida y la dignidad humana, ni una justicia que defienda sus derechos humanos inviolables. Hasta el Constitucional guarda silencio, mientras hay muertes impunes cada día.

Desde la ventana veo pasar una persona con flores camino del cementerio. Esas personas que honran la memoria de los muertos saben que la vida no termina con la muerte. Seguro que para llegar a esa luz, habrá que transformar mucho el corazón. Sobre todo algunos. Ellos creen que algún día, en otra dimensión, se encontrarán con los suyos. 

El veredicto

El veredicto del Jurado Popular no deja dudas, considera al acusado culpable de un delito de asesinato con alevosía y dos agravantes, uno de abuso de superioridad y otro parentesco.