Legislación
En un juicio esperado esta semana, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (ECJ) decidirá sobre la patentabilidad de las células madre embrionarias humanas en el caso de Brüstle vs Greenpeace (C-34/10) (CiViCa anunció este asunto el 11 de Marzo pasado, como se puede consultar en el siguiente enlace)
De acuerdo con el Abogado General. Yves BOT, las células totipotentes embrionarias tienen la capacidad de desarrollarse en un ser humano completo, por lo que se deben clasificar legalmente como embriones humanos y se deben excluir por lo tanto de la utilización en patentes.
En una carta que se enviará a la revista científica Nature, 15 académicos y científicos de diversos países, apoyan la opinión del abogado general. Entre los firmantes hay seis miembros de CïViCa, bajo cuya responsabilidad se ha promovido esta iniciativa: Pablo Gil Loyzaga, Nicolás Jouve, Mónica López Barahona, Cesar Nombela, Elena Postigo Solana y Miguel Angel Serra
En el escrito (adjunto) explican por qué las líneas derivadas de las células madre embrionarias se deben excluir de la patentabilidad. Como alternativa, sugieren el uso de las células madre de adulto o la tecnología más reciente de la reprogramación celular que genera células pluripotentes inducidas (IPS), que ofrecen las mejores expectativas de utilización en medicina regenerativa y gozan de aceptación amplia de acuerdo con los argumentos científicos y éticos.
Publicado por Aciprensa (ACI/Europa Press) - MADRID, En relación con la Rueda de Prensa de presentación de un documento de la CEE sobre la «Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida» - en Madrid a 27 de junio de 2011.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha aprobado la "Declaración con motivo del proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida" [Documento adjunto] en la que afirma que la "ley de muerte digna", en su actual redacción, no debe ser obedecida, y que se debe intentar abolir, modificar o no aprobar.
"Las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas. Es más, esas leyes ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y aprueban. Es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos disponibles, que sean abolidas, modificadas o bien, en su caso, no aprobadas", señala el documento, aprobado en el marco de la 220° Comisión Permanente de la CEE celebrada la pasada semana.
Concretamente, el secretario general y portavoz de la CEE, Mons. Juan Antonio Martínez Camino, ha señalado en rueda de prensa que la norma no es una "ley justa" y que, por tanto, "no obligaría a su cumplimiento si no se modifica".
En este sentido, ha asegurado que esto no quiere decir que la Iglesia Católica rechace la democracia sino que "justamente" la "está ejerciendo de manera fundamental". Además, ha advertido de que no debería haber prisa en regular un asunto de "tal trascendencia".