Objeción de conciencia y antibioética. I

Por José Miguel Serrano Ruiz-Calderón. Profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Publicado el 8 de Septiembre de 2015, y en su Blog –anti-bioética

Debemos comenzar esta intervención aclarando que queremos decir con el término antibioética. Toda vez que es lícito suponer que los asistentes tienen una idea más o menos formada sobre la objeción de conciencia. Consideramos la antibioética como una forma de abordar la bioética distinta de la habitual y que tiene sus raíces en la “hermeneutic of suspicion.” Debo puntualizar también que no  considero que sea la única forma de abordar el estudio bioético. Desde luego no es la más habitual ni tampoco es la forma más constructiva. La hermenéutica de la sospecha y la antibioética sirven, sin embargo,  para realizar lo que el escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila denominaba “genealogy en un sentido filosófico de los errores o del error”. Esta genealogía en sentido filosófico, abordada también por autores como Alasdair MacIntyre sería a juicio del escritor bogotano antes citado única forma en la que los críticos severos de la modernidad podemos manifestarnos sin parecer una especie de  “predicadores enfadados”.

No quiero tampoco decir al privilegiar el uso del término antibioética que todos los que utilizan el término más aceptado de  “bioética”, ni todas las asociaciones, ni todos los miembros de comités nacionales, como es mi caso, seamos unos tontos útiles usados por la bioética dominante. Por el contrario seguimos el camino trazado por importantes bioéticos o éticos médicos, esto segundo la ética médica viene reivindicada con preferencia por autores de como Pellegrino o Gonzalo Herranz.. Algunos bioéticos  de gran peso también  como Leon Kass nos hablan de la complacency in Bioethics en una famosa referencia que refiere cual es el riesgo de los bioéticos cuando se limitan a seguir las indicaciones del “main Stream”.

Todos podemos ser complacent bioethics, en cuanto todos estamos en riesgo de pactar puntos intermedios que fijen comportamientos menos inmorales que los más extremos. Debemos recordar que estos acuerdos centristas o moderados pueden ser inmorales en si mismos. . En buena medida, la construcción de la bioética complaciente ha contado con la ayuda de mecanismos que hacen más aceptable sus sucesivas rupturas del orden moral. El proceso sería primero una ruptura, supuestamente moderada, alejada de dos extremos, consolidación de la ruptura y nuevo salto tras la aceptación de lo controvertido. Esta última postura aceptada puede ser más extrema que las anteriores.

Desde esta perspectiva la objeción de conciencia tiene varias características que permiten observar los sucesivos avances de la bioética complaciente.

En un primer momento el reconocimiento tiene un efecto tranquilizador de las conciencias, posteriormente, las condiciones pueden endurecerse. Este efecto es natural en cuanto  lo que pretende la nueva bioética es precisamente imponerse a la conciencia.

Esta perspectiva que abordó no pretende quitar valor al reconocimiento de la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Tampoco  poner en cuestión las diferencias que existen entre objeción de conciencia y resistencia o desobediencia civil tal como se han definido por la doctrina. Lo que pretendo principalmente es  observar el juego de la objeción de conciencia en nuestros días.

Fue el escritor polaco  Stanislaw  Jerzy Lec quien afirmo en uno de sus “pensamientos descabellados” (Pensees echevelees)  que “La administración de la injusticia recae  siempre  en las manos adecuadas”, en este punto debemos temer que muchas resoluciones judiciales correspondan a este certero aforismo.

Si dejamos a un lado las argumentaciones construidas desde el campo  de la bioética complaciente y observamos lo que ocurre desde otro punto de vista, el que  se ha llamado  de la lucha o guerra cultural, veremos que la objeción de conciencia tiene en el actual campo sanitario características nuevas.

El objetor de conciencia tradicional, tal como por ejemplo se define en el artículo treinta de la Constitución Española, se encontraba en una situación estable.  Debía hacer frente a un deber jurídico impuesto generalmente por una norma de larga permanencia. Su decisión era entonces  no participar en ese acto previsto por la norma. Había varias razones posibles que justificaban la objeción. . Una era  considerar que el acto objetado  era inapropiado por una interpretación distinta del mínimo jurídico común que debía reconocerse en la legislación , por ejemplo una  mayor o menor protección al bien vida humana en las fases iniciales o terminales de la vida. Otra razón era pensar  que dentro de una   actividad profesional determinada  no podía pedirse la participación en un acto concreto , por ejemplo ejecutar la condena de muerte por un médico. La razón era la especial ética profesional.  Cierto es que incluso estas objeciones clásicas se han visto amenazadas hoy en día por ejemplo en el caso del personal sanitario que no quiere participar en torturas.

Pese a los intentos de normalización de ciertas conductas antes consideradas inmorales que realizan los bioéticos y tratadistas constitucionales, la explicación de la guerra cultural permite aclarar lo que ocurre.  Me gustaría ser más optimista pero yo no se si esta aclaración, esta lucidez en el sentido de Gómez Dávila es útil en el sentido moderno, es decir, sirve para cambiar las cosas, la situación  jurídica, o si se prefiere hablar en términos bélicos,  ganar la guerra cultural. Estoy convencido, sin embargo, que la obligación del intelectual es ver lo que acontece y narrarlo. Si eso es útil o no, lo dirá la Historia.

Empecemos con una afirmación del autor antes citado, el colombiano Nicolás Gómez Dávila, “It is no longer enough for the citizen to submit—the modern state demands accomplices.” “Ya no basta que el ciudadano se resigne, el estado moderno exige cómplices. Esta exigencia de participación en los actos de un Estado que invade a toda esfera privada  parece propia de una etapa histórica que se da por superada: el totalitarismo. Sin embargo, si el aforismo es cierto, la acción del Estado moderno no distingue el ámbito privado y público tal como se define en algunas descripciones optimistas, fundadas en la tradición liberal,  sino que obliga al individuo hasta extremos antes impensables. Esta obligación, que adopta formas impensables en el pasado, convierte al sujeto en un permanente objetor, sencillamente cuando pretende realizar actos propios, incluso más íntimos que la libertad ideológica.

En efecto, la libertad ideológica y de conciencia parece diseñada o reconocida para determinadas acciones en la esfera pública. Lo que ahora acontece es que una persona se puede ver obligada a invocar esa libertad en actos que para nuestros antepasados pudieran parecer absolutamente privados.

Veamos dos ejemplos recientes ocurridos en los Estados Unidos de América:. Un jefe de bomberos de una ciudad sureña escribe un libro sobre el comportamiento moral según su religión en las relaciones sexuales. También habla en el mismo de la relación entre personas del mismo sexo. Este jefe de bomberos es cesado en su cargo. Nos encontramos ante un caso clásico de libertad de expresión de las propias convicciones. Lo que no es tan clásico es la forma en la que se ha resuelto el dilema. En la solución “generalmente aceptada”  se  muestra la imposición ideológica totalitaria  de la ideología de género.

Otro caso, sin embargo, puede desconcertarnos más. Un matrimonio tiene una pastelería y elabora  pasteles de boda. En un momento determinado se niegan a aceptar un encargo para una boda entre personas del mismo sexo. Para ello aducen convicciones morales y religiosas que hasta el triunfo de la ideología de género no se habían cuestionado. En esta colisión privada de convicciones, más que de derechos,  interviene el Estado, que ignora una privacidad largamente reconocida, vincularse o no a determinada ceremonia mediante el propio trabajo, para imponer un derecho absoluto de una parte, una especie de derecho humano de sanción  estatal. Es  una de las prioridades políticas de toda una administración.

Lo que convierte la vieja privacidad en un crimen y la nueva imposición en un derecho de una minoría no es la posición real de poder en la relación. Es decir, no estamos ante un Estado que horrorizado ante el hecho de que una pareja no encuentre tarta acude en su protección ante un grupo agresivo y discriminador.

Lo que diferencia las dos posiciones es el lado en el que se encuentran en la guerra cultural, es decir su discrepancia o no de la doctrina mayoritaria adoptada por el Estado.