Declaración de CíViCa sobre la retirada del Anteproyecto de Ley Orgánica para la «Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada»

La Asociación CíViCa, de Profesionales e Investigadores por la Vida, ante la reciente decisión del gobierno del Partido Popular de paralizar el Anteproyecto de Ley Orgánica para la «Protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada», cancelando de este modo la anunciada reforma de la ley del aborto, desea manifestar a la opinión pública lo siguiente:

1. La Asociación ya indicó en su declaración de marzo de 2014 que la reforma que se proponía en el Anteproyecto, si bien no afrontaba la abolición total del aborto provocado como sería deseable, suponía un importante avance en la dirección de la protección de la vida del concebido no nacido. Organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Comité de Bioética de España y otros muchos también se han manifestado favorables por idénticas razones a la reforma que planteaba dicho Anteproyecto. Dicha reforma hubiera trasladado además un importante mensaje a otros países que se miraban en España para desarrollar a su vez legislaciones sobre el tema.
2. En aquella declaración ya indicamos que los datos de la ciencia demuestran sin ambigüedad que la entidad biológica resultante de la fecundación es una nueva vida humana, y el desarrollo embrionario y fetal que le sucede es un proceso en continuidad que no modifica la esencia del nuevo individuo concebido. Por eso la vida del nasciturus es merecedora de protección, en consonancia con el artículo 15 de la Constitución Española, que establece claramente que «todos tienen derecho a la vida».
3. También el Código de Deontología Médica de la Organización Médica Colegial, dice en su artículo 51.1 que: “El ser humano es un fin en sí mismo en todas las fases del ciclo biológico, desde la concepción hasta la muerte. El médico está obligado, en cualquiera de sus actuaciones, a salvaguardar la dignidad e integridad de las personas bajo sus cuidados.”
4. No resulta razonable, ni legítimo, ni ético que se mantenga en nuestro ordenamiento legal el aborto como un derecho de la mujer, tal y como queda actualmente definido en la ley 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley pasa por encima del derecho fundamental a la vida del nasciturus y violenta la obligación ética de los médicos de proteger la integridad del mismo. Resulta aún si cabe más inaudito que no se quiera modificar esta ley, habida cuenta de la inexistencia de precedentes de la consideración del aborto como un derecho en ningún país de nuestro entorno.
5. Lamentamos todavía más si cabe que este despropósito haya sido motivado por oscuros cálculos electoralistas, a tenor de las informaciones que han circulado estos días en los medios de comunicación. De haber sido ésta la razón, demostraría por parte del gobierno una preocupante falta de sensibilidad frente al primero y principal de todos los derechos: “El derecho a la vida”. Este asunto resulta aún más grave si tenemos en cuenta que la reforma de la ley del aborto inducido para limitar al mínimo su número era una iniciativa que el Partido del gobierno llevaba en su programa electoral. Estamos convencidos de que esta traición a sus votantes traerá consecuencias electorales negativas muy superiores a las estimadas.
6. Exigimos, por tanto, la reforma de la ley, para que el aborto inducido deje de ser considerado un derecho y pase a ser considerado como lo que es: Un ataque a la dignidad e integridad del nasciturus. Además, reclamamos a nuestros gobernantes que desarrollen un programa social de ayudas que, ante un embarazo no previsto, ofrezca alternativas reales al aborto. Por otro lado, sería igualmente deseable que se llevara adelante una Ley de Adopción, clara, eficaz y dotada de recursos suficientes.

En Madrid, a 8 de octubre de 2014