“Informe del Comité de Bioética de España valorando el borrador de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios”.

Se adjunta el Texto del “Informe del Comité de Bioética de España valorando el borrador de Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina sobre la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales respecto a ingresos y tratamientos involuntarios”.  Aprobado en el pleno del CBE del 7 de mayo de 2019. Texto final borrador de Protocolo Adicional respecto a ingressos y tto involuntario

Nota de prensa

El Comité de Bioética de España recomienda que se supriman los internamientos y tratamientos involuntarios de personas con discapacidad psicosocial.

Desde 2013 el Comité de Bioética del Consejo de Europa viene trabajando en la elaboración de un nuevo protocolo adicional al Convenio de Oviedo, dedicado concretamente “a los derechos humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales, con respecto a los internamientos y tratamientos involuntarios”. Si bien este instrumento tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, ha sido objeto de rechazo tanto por los colectivos afectados como por las organizaciones intergubernamentales dedicadas a la discapacidad, de forma destacada la Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

A la vista de este estado de cosas, el gobierno de España solicitó al Comité de Bioética de España una valoración acerca de ese borrador de protocolo adicional. En el Pleno de 7 de mayo, el Comité aprobó por unanimidad el informe que responde a dicha solicitud. En él recomienda que no se respalde el borrador de protocolo adicional, por entender que se separa de los principios de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y consagra una discriminación de trato en función de la discapacidad psicosocial. En coherencia con esta posición, el Comité propone que se modifique la legislación española en esta materia por otra que garantice la no discriminación de las personas con discapacidad psicosocial.

Tras un análisis del contenido del borrador y de las posiciones adoptadas en la comunidad internacional y en España sobre el mismo, el informe concluye con las siguientes recomendaciones dirigidas al gobierno: “

– Impulsar una reforma legislativa para derogar las normas que permiten los internamientos involuntarios de las personas con discapacidad, quedando tal limitación excepcional de la dignidad y libertad de las personas circunscrita a un régimen general, al margen de la presencia o no de discapacidad en el individuo. En el contexto de la toma de decisión por razones de salud sobre el internamiento y tratamiento involuntarios, la discapacidad del sujeto no puede resultar un criterio a atender, no pudiendo justificar en ningún caso por sí solo una privación de libertad (…).

– Promover una política de salud, y específicamente de salud mental, centrada en la persona y en dotarle de los apoyos necesarios para que pueda consentir libremente sobre sus cuidados de salud, e integrarse plenamente en la comunidad. Una atención especial deberá prestarse a sus familias y a las personas que integran sus entornos de confianza.

– Defender en las reuniones del Comité de Bioética del Consejo de Europa la necesidad de reorientar los esfuerzos dirigidos a proteger los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. El problema no está en que algunos Estados no cuentan con suficientes garantías a la hora de adoptar medidas involuntarias. El problema está en que esas medidas violan un buen número de derechos de las personas con discapacidad psicosocial por su carácter discriminatorio.

Estas medidas deberían ser adoptadas con la participación del CERMI y, en general, de los colectivos de personas con discapacidad. Y sería deseable que, en esta materia tan directamente relacionada con los derechos humanos, tanto las políticas y normas que se aprueben cuenten con un amplio consenso, en la medida de lo posible, para que no queden a merced de las mayorías políticas del momento”.