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Profesores universitarios en defensa de la muerte natural

40 años de encíclica HUMANAE VITAE, desde la perspectiva de la ética médica
31/08/2008
Informe de la Organización Médica de la Salud, OMS, y el Parlamento Europeo, sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo
01/10/2008

El 23 de Septiembre de 2008 un grupo de Profesores universitarios encadezado por los Dres. César Nombela Cano, Francisco López Timoneda, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, Elena Postigo Solana, José Carlos Abellán Salort y Lucía Prensa Sepúlveda, presentaron e impulsaron un Manifiesto en defensa de la muerte natural, que año y medio después lleva registradas más de 7000 adhesiones.

El 23 de Septiembre de 2008 un grupo de Profesores universitarios encadezado por los Dres. César Nombela Cano, Francisco López Timoneda, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, Elena Postigo Solana, José Carlos Abellán Salort y Lucía Prensa Sepúlveda, presentaron e impulsaron un Manifiesto en defensa de la muerte natural, que año y medio después lleva registradas más de 7000 adhesiones.
Quienes deseen adherirse pueden hacerlo en el siguiente enlace:       http://www.defensamuertenatural.org/
 
MANIFIESTO

1. Ante las intensas presiones que se ejercen sobre la opinión pública española, para inducirla a consentir la legalización del suicidio asistido y la eutanasia, es necesario defender la dignidad de la muerte natural como final de toda vida humana.

2. La vida del ser humano es inviolable, por su dignidad intrínseca que no puede estar sujeta a gradaciones, ya que es universal, independiente de la situación de edad, salud o autonomía que se posea, y está radicalmente vinculada a los derechos humanos fundamentales.

3. Esa dignidad, inherente a toda vida humana, conlleva el derecho irrenunciable de todos a la vida, siendo deber inexcusable del Estado el protegerla y cuidarla, incluso cuando la persona, su titular, parezca no darle valor.

4. En cumplimiento de este deber, los estados más responsables reconocen el derecho de toda persona a los cuidados de salud más avanzados, pero, por ello, resulta contradictorio aceptar y promover deliberadamente el acabamiento de la vida de quienes pueden llegar a situaciones de debilidad, dependencia de otros y enfermedad terminal.

5. El supuesto derecho de "autodeterminación" de la persona, para disponer de su vida como le plazca, entra en conflicto con el derecho irrenunciable a la vida; su utilización para despenalizar el suicidio asistido y la eutanasia no está justificada, podría incluso poner en peligro la vida de personas que de manera natural aspiran a sobrevivir hasta que les llegue normalmente su hora final.

6. La eutanasia, entendida como el acto deliberado de acabar con la vida de una persona, sea a petición propia o por decisión de un tercero, y el suicidio asistido son ética y moralmente reprobables, pero ello no significa que se haya de practicar ningún tipo de obstinación terapéutica (o encarnizamiento terapéutico) hasta extremos injustificables para la práctica médica.

7. Los cuidados paliativos, así como una atención integral al enfermo terminal, que le ayude en el último periodo de su vida, constituyen las opciones asistenciales compatibles con una concepción ética de la dignidad del morir.

8. Se debe potenciar una medicina paliativa al alcance de todos, que aporte los conocimientos especializados y los avances en cuidados médicos y psicológicos, así como el soporte emocional y espiritual adecuado para la fase terminal, del enfermo y su entorno, ya que ese entorno que supone el hogar, la familia y los amigos tiene una gran importancia.

9. Los profesionales de la salud deben respetar siempre la vida humana y su evolución hacia la muerte natural. La inversión del valor del curar o aliviar como principio esencial de la Medicina, sustituyéndolo por el de provocar la muerte, puede abrir vías cuyos límites son impredecibles. La Ciencia y la Práctica Médica tienen cada vez más y mejores instrumentos para actuar y para discernir; reclamar que se empleen a favor de la vida humana es un derecho de todos.

Hacemos un llamamiento a los ciudadanos, y en especial a los poderes públicos, para que se reconozca la dignidad de la muerte natural; una sociedad que acepta la terminación de la vida de algunas personas, en razón a la precariedad de su salud y por la actuación de terceros, se inflige a sí misma la ofensa que supone considerar indigna la vida de algunas personas enfermas o intensamente disminuidas.