Entrevista a Jean Marie Le Mené: “El aborto no es un derecho. Sigue siendo una derogación del respeto a la vida”.

Publicada por la Fundación Lejeune, esta entrevista al Presidente de la Fundación Jérôme Lejeune fue publicada originalmente por Atlantico el 4 de julio de 2022.

Pregunta. El viernes 24 de junio, el Tribunal Supremo revocó la famosa sentencia Roe v. Wade de 1973, que garantizaba la posibilidad de abortar en los 50 estados de Estados Unidos. Poco después, Emmanuel Macron deploró el “desafío” a las “libertades” de las mujeres. El gobierno francés ha anunciado que quiere consagrar este derecho en la Constitución francesa, con el apoyo de Elisabeth Borne, mientras el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución para instar a la Unión Europea a considerar el aborto como un derecho fundamental. Para usted, Jean Marie Le Mené, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune y abiertamente contrario al aborto, ¿hasta qué punto esta propuesta es un signo de pánico moral?

Jean-Marie Le Méné. Este pánico se debe, en primer lugar, al desconocimiento de la legislación estadounidense. En Estados Unidos, son los estados los que hacen la ley. El Tribunal Supremo anuló una antigua jurisprudencia -Roe contra Wade- que garantizaba la posibilidad de abortar (hasta las 24 semanas de embarazo) basándose en una interpretación errónea de la Constitución estadounidense. Al revisar esta interpretación, el Tribunal Supremo ha devuelto a los ciudadanos de los estados la opción de permitir, limitar o prohibir el acceso al aborto.

Además, parece olvidarse que la situación es comparable en la Unión Europea, que deja en manos de los Estados miembros la prohibición del aborto en su territorio, como ocurre ahora en Estados Unidos. El pueblo estadounidense decide ahora. Y en muchos estados norteamericanos, el pueblo elegirá por abrumadora mayoría proteger la vida del niño no nacido.

En cuanto a la propuesta francesa de una ley que incorpore a la Constitución el llamado “derecho al aborto” – “Nadie puede ser privado del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”-, sería una aberración jurídica. Porque la Constitución no contiene derechos subjetivos. En Francia, como en Estados Unidos, son los parlamentarios los que hacen la ley, no los jueces.

P. Una encuesta de Kantar realizada para la Fundación Mujeres y la Mutuelle générale de l’Education nationale francesa indicaba en 2021 que el 93% de los franceses se declaran partidarios del derecho al aborto. Para el 81% de la población, incluso, se debería avanzar en este ámbito. ¿Es una señal de consenso sobre el tema?

J-M Le Méné. No es razonable hacer la observación de un cuasi-consenso sobre la base de una sola encuesta. Como respuesta, cabe recordar que, en 2020, el IFOP ya interrogó a los franceses sobre su percepción del aborto. Los principales resultados de esta encuesta fueron los siguientes:

Los franceses están muy divididos sobre el aborto y el número de procedimientos realizados en Francia, ya que menos de la mitad (49%) cree que los 230.000 abortos anuales en Francia son una “situación normal porque el aborto es un acto al que las mujeres pueden estar expuestas durante su vida”. El 51% restante considera que esa “situación es preocupante porque el aborto sigue siendo un acto que se prefiere evitar”, opinión que comparte el 52% de las mujeres.

Tras la observación compartida por el 92% de los encuestados de que “el aborto deja huellas psicológicas con las que es difícil vivir”, casi tres cuartas partes (73%) de los encuestados consideran que “la sociedad debería hacer más para ayudar a las mujeres a evitar que recurran a la interrupción voluntaria del embarazo”, una opinión que aumenta con la edad: el 64% de los jóvenes de entre 18 y 24 años comparten esta opinión, frente al 80% de los mayores de 65 años.

Por lo tanto, no hay consenso sobre el tema.

En contra de la opinión popular, el aborto no es un derecho. Sigue siendo una derogación del respeto a la vida -desde su inicio- protegido por el artículo 16 del Código Civil. El principio es la prohibición de matar, que se sanciona penalmente. Si se permite la supresión de los niños en gestación de acuerdo con las condiciones establecidas por la ley, es a modo de excepción. Porque los atentados contra la vida son, en principio, punibles según la legislación francesa. Hablar de un derecho al aborto es un abuso del lenguaje. Sólo hay despenalización, una tolerancia que sigue siendo una transgresión.

P. El procedimiento para integrar el derecho al aborto en la Constitución sería necesariamente largo. ¿Hasta qué punto se corre el riesgo de polarizar el debate público y la población?

J-M Le Méné. Si hubiera un debate, en la situación política actual, estaría necesariamente sesgado. A menos que los promotores del aborto acepten que se describa con exactitud la naturaleza, las causas y las consecuencias del aborto y que estén de acuerdo en la necesidad de una política de prevención. Pero decir qué es realmente el aborto es un gran riesgo que sus defensores no están dispuestos a asumir.

Esto no fue posible durante los debates de 2021 sobre la ampliación del plazo del aborto de 12 a 14 semanas, ya que la ley se aprobó a pesar de que la gran mayoría de la profesión médica y de la población francesa estaba en contra. A diferencia de Estados Unidos, los protectores de la vida humana en Francia no tienen nada que decir al respecto. Con la instrumentalización de la revocación del Tribunal Supremo estadounidense, el tono está marcado. El debate será inequívoco.

P. En Francia, los diputados han votado una ley para ampliar el IMG por malestar psicosocial hasta los 9 meses de embarazo en la noche del 31 de julio al 1 de agosto de 2020. ¿Qué sentido tiene incluir este derecho en la Constitución? ¿Podemos verlo como parte de un cálculo electoral por parte de Emmanuel Macron?

J-M Le Méné. El cálculo es efectivamente político. A nadie se le escapa. Pero es cortoplacista.

Paradójicamente, esta inclusión en la Constitución no promoverá el acceso al aborto. Porque si a veces escuchamos que el acceso al aborto puede parecer difícil, esto se debe a la falta de profesionales sanitarios dispuestos a realizar un acto que afecta a la vida humana. Esta desertización de la profesión se intensificará inevitablemente porque ninguna norma, ni siquiera constitucional, obligará a los profesionales sanitarios a realizar actos contrarios a su conciencia. En Italia, por ejemplo, el 80% de los ginecólogos y obstetras no realizan abortos.

Simbólicamente, dar el mismo valor al nacimiento y al aborto, a la vida y a la muerte, es un sinsentido. El mundo médico es sensible a esta deriva sin sentido. El efecto de desalojo es inevitable.

P. ¿Querer poner el derecho al aborto en la Constitución es una forma de adelantarse al debate y favorecer una forma de coacción más que de convicción?

J-M Le Méné. Incluso si el aborto se incluyera en la Constitución, esto no cambiaría la naturaleza del acto y sus consecuencias. La Constitución, al igual que la ley, son normas humanas que nunca están grabadas en piedra de forma permanente y siempre pueden cambiar. Por otro lado, las únicas normas  contra las que nadie puede hacer nada, son las inscritas en el corazón humano. Son pocos y la prohibición de matar es uno de ellos.

Publicado en Gènéthique