¿Cómo hacer una política autonómica a favor de la vida con la actual legislación?

Por Benigno Blanco, Presidente del Foro Español de la Familia. Publicado en Páginas Digital el 3 de Marzo de 2015

No es fácil hacer una política a favor de la vida manteniéndose una ley como la vigente en España en materia de aborto, ley cuyo mensaje último a la mujer es: si abortas –yo, el Estado– te lo financio; si decides ser madre, allá tu, no contarás con ningún apoyo público. Pero sí es cierto que las CCAA pueden minimizar el daño de esa ley perversa y también –a diferencia de lo que sucede hoy en muchas de ellas– pueden no aumentar ese daño. Sobre estos dos grandes apartados se construyen las propuestas siguientes, empezando por el segundo de ellos: no agravar el mal que causa la ley estatal sobre el aborto.

Para no aumentar el daño

Muchas CCAA vienen ayudando activamente en la creación del ambiente cultural que incentiva el aborto,

– mediante la difusión de la ideología de género –especialmente en la escuela–,

– la implantación de una pretendida “educación sexual” en el sistema educativo que no es más que la incentivación de la promiscuidad sexual desde las más tempranas edades con la consiguiente secuela de embarazos y abortos de adolescentes y preadolescentes,

– el apoyo económico a actividades extraescolares que suponen un adoctrinamiento de los menores y adolescentes en la ideología que subyace a la ley del aborto de 2010 y que se refleja en sus primeros 11 artículos;

– y otras actuaciones administrativas y sociales financiadas con fondos públicos que contribuyen a difundir una visión de la sexualidad imbuida de ideología de género y a presentar el aborto como un derecho e, incluso, la opción lógica si el embarazo se produce cuando no está planificado.

Especialmente activas en esta labor destructora de la cultura de la vida y promotoras del clima cultural que incentiva el aborto vienen siendo algunas CCAA como Galicia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, País Vasco o Canarias. Como se ve, CCAA de todos los colores políticos. En las cuatro primeras se han aprobado (o están en tramitación) leyes singulares que, bajo la excusa de luchar por la igualdad y evitar toda discriminación, imponen la ideología de género en todos los sectores sociales, especialmente en la educación, con grave desprecio a las libertades de pensamiento, de educación o religiosa. En todas ellas –y en muchas otras– se destinan cuantiosos recursos públicos a promover la cultura de la sexualidad banal, el llamado e inexistente “sexo seguro” y a presentar el aborto como una solución aceptable y razonable para ese “pequeño problema” que puede ser el embarazo.

Por eso, lo primero que cabe pedir a las CCAA es que dejen de promover la cultura que promociona, facilita e –incluso– incentiva el aborto. Para ello es necesario que en el ejercicio de sus competencias en materia de educación y sanidad (entre otras), se liberen de las presiones ambientales de los lobbys de género y pro aborto y dejen juego a las libertades reconocidas en la Constitución a la familia y respeten la exigible neutralidad de las Administraciones públicas en temas atinentes a la sexualidad, materia susceptible de diversas opiniones y donde las CCAA no pueden ponerse al servicio de una concreta opción, la del lobby de género, como sucede hoy con tanta frecuencia. Parece mentira que haya que pedir algo tan elemental, pero resulta imprescindible pues hoy día muchas CCAA parecen formar parte de las estructuras organizativas de la IPPF, la internacional del aborto, en el diseño de sus políticas en materia de educación y sanidad. Ya no es que subvencionen a esta organización y sus programas, sino que ponen las políticas públicas al servicio de los planes de esta organización y sus filiales.

Si las CCAA respetasen las libertades básicas reconocidas en la Constitución y dejasen de hacer políticas imbuidas de prejuicios ideológicos de género en materia de educación y sanidad, dejarían de incentivar –como hacen muchas de ellas actualmente– la cultura de la muerte en la misma línea de la vigente ley del aborto. Por eso, lo primero que hay que exigirles es que dejen de hacer daño. Además se les debe exigir que apoyen la vida y la maternidad. A continuación propondremos algunas ideas al respecto.

Para ayudar a la defensa de la vida y la maternidad

A pesar del contenido normativo y filosófico de la vigente “ley del aborto”, las CCAA pueden ayudar, en el ámbito de sus competencias, a evitar en parte sus efectos perniciosos. Para ello pueden –al menos– establecer políticas de apoyo a la mujer embarazada en situaciones de riesgo, crear medidas de apoyo a la maternidad y ayudar a que en la escuela y la sociedad en su conjunto se respire un clima favorable al derecho a la vida y establecer mecanismos de control de la aplicación de la “ley del aborto”.

a) políticas de apoyo a la embarazada en situación de riesgo.

Las mujeres que abortan, normalmente, lo hacen porque se ven desbordadas por los problemas que intuyen vienen asociados a la maternidad y creen insoportables e inabordables. Y porque se ven solas e impotentes ante esos problemas. Con mucha frecuencia hay un ambiente de violencia estructural que las aboca al aborto ante la inexistencia de alternativas. Es habitual que el padre de la criatura sea quien presione a la mujer para que aborte, pues el aborto legal es la solución machista y “fácil” para la irresponsabilidad sexual del varón.

La experiencia de las entidades que atienden a mujeres embarazadas en situación de riesgo es que, si éstas se ven acompañadas y no se sienten solas, optan por la maternidad y no por el aborto; es decir optan por lo mejor para ellas y sus hijos. Según los datos de REDMADRE, por ejemplo, un 80% de las chicas que reciben asistencia de esta ONG optan por la vida. Es decir, si fuésemos capaces de no dejar solas a las embarazadas, lograríamos evitar un 80% de los abortos. A este “no dejar solas” pueden ayudar mucho las CCAA pues ellas tienen la competencia administrativa plena en materia de asistencia social. Bastaría que considerasen prioritaria la labor de apoyo a la mujer embarazada en situación de riesgo de exclusión.

b) medidas de apoyo a la maternidad

Está en manos de las CCAA coadyuvar a que la maternidad sea valorada como lo que es: una maravilla es sí misma y un gran beneficio para toda la sociedad, especial y singularmente en un momento histórico de –así ha sido definido– “suicidio demográfico”. Quienes tienen hijos ayudan a la supervivencia de la sociedad y ayudan a garantizar la viabilidad de los sistemas públicos asistenciales. Bastaría esta consideración puramente pragmática y economicista para que las CCAA apostasen por crear un clima favorable a la maternidad y facilitasen la remoción de los obstáculos que la dificultan.

c) mecanismos de control en la aplicación de la “ley del aborto”

Pueden las CCAA –y deben– crear mecanismos (como fueron en el pasado los comités de evaluación de los casos de aborto creados en 1985 y suprimidos en 1987) para verificar que en los casos de abortos por razones de peligro para la salud o la vida de la propia embarazada o de graves problemas de salud del propio niño, concurren de verdad los supuestos de hecho que la ley prevé, evitando así la práctica en fraude de ley que se generalizó en España al amparo de la ley de 1985 y que sigue en la actualidad. Con una ley que permite el aborto libre en las primeras 14 semanas del embarazo, esta medida puede evitar un escaso número de abortos; pero sería una señal de apuesta por la vida en el marco de la legislación vigente.

Asimismo, pueden y deben las CCAA supervisar y controlar a las clínicas privadas que han hecho del aborto un negocio para evitar que se conviertan en un agujero negro de ilegalidad como sucede en la práctica y nos muestra el “caso Morín”.