Agrupaciones abortistas «protegen la imagen» en Perú

Por Stefano Gennarini, J.D., publicado en C-FAM el 30 de Enero de 2016, Traducido por Luciana María Palazzo de Castellano

NUEVA YORK, 29 de enero (C-Fam) Una campaña multimillonaria que durante quince años intentó legalizar el aborto en Perú terminó el año pasado cuando, tras las recomendaciones de un comité de la ONU, el gobierno entregó aproximadamente cincuenta mil dólares como indemnización a una mujer a la que se le negó el aborto en 2001.

Los expertos de la ONU en Ginebra proclamaron la decisión de Perú de indemnizar a Karen Noelia Llantoy Huamán como victoria «histórica» y signo de «esperanza» en comunicados de prensa publicados este mes. En realidad, personas más próximas al lugar de los hechos que los expertos de Ginebra saben muy bien que para las agrupaciones abortistas esto fue un intento de «proteger la imagen» tras reiteradas derrotas.

Según Carlos Polo, experimentado estratega provida, la decisión del gobierno saliente de Perú de indemnizar a la srta. Llantoy fue un acto de desesperación a solo seis meses de la elección general que probablemente constituya el fin para «el gobierno más proabortista que Perú ha tenido jamás».

Polo dijo a Friday Fax que el movimiento provida frustró al gobierno actual en toda ocasión «en el ministerio de salud, en la legislatura, en los tribunales» y que hay escaso apoyo político por el aborto en Perú.

Pese a los esfuerzos del gobierno, en Perú no solo sigue vigente la prohibición del aborto, sino que no hay indicios de un cambio legislativo inminente, según Polo, quien dijo a Friday Fax que ninguno de los cuatro principales candidatos para la presidencia en la próxima elección siquiera ha planteado el asunto en su plataforma.

Es más, el gobierno no ha podido implementar las reglamentaciones abortistas que se instauraron en 2014 porque los médicos no quieren realizar abortos por cuestiones de conciencia o por temor a ser acusados. Las nuevas normas intentaron soslayar la prohibición del aborto sin recurrir a la legislatura, donde una propuesta así probablemente sería desarticulada.

En Perú, el aborto es delito en todos los casos, pero el código penal no fija penas para los casos en los que los médicos lo realizan para salvar la vida de una mujer. Polo dice que los médicos saben muy bien que los casos en los que el aborto podría salvar la vida de la mujer son prácticamente inexistentes, por ende simplemente son reacios a practicar cualquier aborto en absoluto por temor a no poder justificarlo.

Incluso el reciente decreto de los ministerios de derechos humanos y salud para indemnizar a la srta. Llantoy fue emitido «discretamente, de modo oculto», afirma Polo, episodio que él califica como fundado en «falsas afirmaciones».

El Centro de Derechos Reproductivos, que condujo a la srta. Llantoy desde que comenzó el litigio con el gobierno, sostuvo que Perú estableció un derecho positivo al aborto terapéutico que fue violado cuando se le negó esa posibilidad. Pero no es el caso en absoluto, dijo Polo.

La Constitución peruana protege los derechos de todos los niños desde el momento de la concepción, incluyendo el derecho a la vida, explicó. El hecho de que no haya una sanción penal en los casos en los que el aborto es necesario para salvar la vida de la madre no es lo mismo que establecer un derecho positivo al denominado «aborto terapéutico».

Es más, la srta. Llantoy no cursaba un embarazo que pusiera en riesgo su vida, según los registros del Comité de Derechos Humanos; la bebé que esperaba era discapacitada. Padecía un trastorno que se conoce como anencefalia, que condujo al deceso de la niña cuatro días después de nacer.

El caso K.L. en Perú, como se conoce el juicio de Llantoy, es muy simbólico para el Comité de Derechos Humanos en Ginebra y las agrupaciones proabortistas de todo el mundo. Fue la primera vez que el influyente, si bien casi desconocido, comité dijo a un país que indemnizara a una mujer por negarle el aborto.

Los dieciocho expertos que actualmente forman parte del comité difundieron el caso este mes incluso siendo que están envueltos en la polémica debido al proyecto de recomendación sobre el derecho a la vida que de forma muy clara niega a los niños el derecho a vivir antes de nacer.