Derogación de la ley del aborto de 2010 ya

Por Julio Gonzalo, Catedrático de Física, Miembro de CíViCa

El derecho a la vida es un derecho fundamental. Lo diga o no la Constitución vigente en un determinado país y en un momento determinado.

En el caso de la Constitución Española de 1978  así parece reconocerse expresamente.

Por tanto el pretendido “derecho a abortar” es algo inconcebible en un estado de derecho propiamente dicho.

Una mujer puede tener motivos serios y justificados para no hacerse cargo del niño que lleva dentro. Pero eso no le da derecho a matarlo: el niño tiene derecho a nacer y la madre tiene derecho a recibir la ayuda necesaria para dar a luz dignamente. Y, evidentemente, después del nacimiento, el niño, con las debidas garantías, puede ser adoptado.

En segundo lugar, conviene subrayar que la ley abortista de 2010 fue aprobada por escasa minoría y arbitrariamente: contra la opinión de un 30 % de votantes del PSOE y un 85 % de votantes de PP (Encuesta profesional de Sigma Dos de mayo de 2009).

Aunque ahora se intente disimularlo, el partido actualmente en el Gobierno se comprometió en su momento a derogar una ley contra la que votó en la legislatura de 2008-2011.

El 17 de noviembre se hizo público un “Manifiesto en Defensa de la Vida desde la Concepción a la Muerte Natural” firmado por más de ciento cincuenta académicos de las Reales Academias de Medicina, Farmacia, Ciencias Morales y Políticas, Jurisprudencia y Legislación, Historia y bellas artes: algo sin precedentes en España. El 17 de marzo de 2009 se hizo pública la “Declaración de Madrid”, encabezada por el catedrático de Genética, Profesor D. Nicolás Jouve de la Barreda, en el mismo sentido, firmada por 2.400 profesores, investigadores, profesionales y médicos de toda España: también sin precedente conocido.

Finalmente, el 17 de Octubre del mismo año tuvo lugar en Madrid una “Manifestación en defensa de la vida, la mujer y la maternidad” convocada por “Derecho a Vivir” y “HazteOir” y secundada por asociaciones pro-vida de toda España que reunió alrededor de un millón de personas en rechazo a la ley abortista del gobierno Zapatero.

Por el momento no está claro si el actual Gobierno está dispuesto a hacer honor a su compromiso pre-electoral o no, pero, evidentemente, procede recordárselo, así como procede dar por merecidamente caducada la ley despenalizadora de 1985, cuyos vicios de origen y laxa interpretación por parte de los gobiernos turnantes de 1985 a 2010 dio lugar a la situación actual.

Procede asimismo, y ello es muy importante, legislar para que los fondos públicos (es decir, los fondos procedentes de los impuestos pagados por los contribuyentes) que actualmente se dedican injusta e indebidamente a financiar abortos provocados se dediquen en lo sucesivo a asistir a la mujer embarazada y al niño en gestación.