Por Nicolás Jouve, Catedrático Emérito de Genética. Presidente de CiViCa. Miembro del Comité de Bioética de España. Publicado en Actuall, el 17 de marzo de 2021.
En 1985, se pasó de la despenalización del aborto a la aceptación en determinados casos, y en 2010, se dio un paso más, hacia la actual ley de plazos que convertiría el aborto en un derecho de la mujer, y zanjaba el derecho a la vida del no nacido. Desde entonces, las voces sociales y políticas que se oponían al aborto, salvo los movimientos provida en su mayoría de concepción cristiana, se han ido apagando y acomodando a la triste realidad de lo que supone acabar con la vida del no nacido, hasta permitir que el aborto se haya convertido en un medio anticonceptivo más y en un asunto intocable.
No es difícil adivinar que este proceso, mediado por una labor de ingeniería social, será repetido en la nueva iniciativa legislativa de la eutanasia y el suicidio asistido impulsada por el actual gobierno de España. Curiosamente, cuando las legislaciones de todo el mundo han terminado prácticamente con la legalidad de la pena de muerte, en España se promueve una ley de eutanasia disfrazada de progresismo, únicamente por razones ideológicas, utilitaristas, de oportunismo político, y en el peor momento, al margen de cualquier sentimiento de sensibilidad por la muerte causada por la pandemia de Covid-19. Cuando ni existe demanda social ni razones médicas en una etapa en la que la Medicina puede aplicar soluciones para paliar tanto el sufrimiento físico como el psicológico.
Ante el principal de todos los derechos, el derecho a la vida, tan negativo es el aborto como la eutanasia. Ni existe el derecho a matar, ni el derecho a morir. La muerte es algo natural, inherente a la vida humana, y si existe un derecho claro es precisamente el derecho a la vida. Sin embargo, suscita una gran duda el pensar sobre qué es más grave, acabar con un embarazo sin conceder la más mínima oportunidad de que llegue a nacer un ser humano concebido y en pleno desarrollo, o eliminar una vida en su madurez, aunque obedezca a un deseo expreso de una persona adulta y aunque se trate de justificar por razones compasivas.
El caso es que, dejando al margen la dignidad y el derecho a la vida, en ambas situaciones lo que se persigue es apuntarse el tanto político de conseguir la aprobación de una ley, aunque sea inaceptable para una parte importante de la sociedad. Para lograr adeptos se recurre a razones coyunturales o de oportunismo, y se muestran casos individuales concretos que se exhiben con todo tipo de detalles para conmover emocionalmente a la población en los medios informativos afines. Una labor de ingeniería social para convencer de cualquier cosa, llámese aborto, eutanasia, canibalismo, racismo o lo que se quiera… El resultado será positivo siempre que se oculte lo que no interesa y se elijan oportunamente los argumentos, edulcorados y convenientemente adornados con eufemismos.
Es la conocida ventana de Overton, una estrategia política bien conocida en los EE.UU., capaz de inculcar en la sociedad cualquier idea por extremista que sea presentándola solo en un sentido positivo, para transformarla así en un hecho deseable. Por supuesto también vale en sentido contrario, convirtiendo algo positivo en la idea más indeseable del mundo. La ingeniería social por medio de los eufemismos está al cabo de la calle en los temas bioéticos.
Así, el aborto se convierte en una «interrupción voluntaria del embarazo»; se califica de «aborto ético» al que se propone en caso de violación; se habla de «aborto terapéutico» para justificar la eliminación del no nacido cuando se supone hay problemas de salud; se dice que el embrión es un «amasijo de células» en lugar de una vida en pleno desarrollo; se habla de «muerte digna» para referirse a la eutanasia o al suicidio asistido, etc.
En España, como en su día el aborto, se mantenía como delito la eutanasia y el suicidio asistido hasta ahora, aun cuando nadie haya ido a la cárcel por esos motivos. Esto debería hacer pensar sobre la necesidad de legislar sobre estas prácticas contrarias a la vida. Sin embargo, ante la nueva realidad y una vez aprobada la ley, empieza la pendiente resbaladiza hacia nuevas conquistas. Hay sobrados ejemplos de esta tendencia en los escasos países que cuentan con leyes de eutanasia, como Holanda, Bélgica, Australia, Colombia o el Estado de Oregón.
Tal vez el ejemplo más evidente es el de Holanda, país pionero en el establecimiento de una ley de eutanasia en 2001, que se propuso inicialmente con la finalidad de despenalizar 28 casos de presuntos delitos de eutanasia y tras sucesivas reformas se ha convertido en una ley que no solo legaliza el suicidio asistido y la propia eutanasia a los enfermos en estado terminal, sino a las personas con enfermedades psíquicas, a las que se encuentran en estado de coma, a los recién nacidos con malformaciones o enfermedades graves e incluso, en un porcentaje significativo de casos a personas que no la habían solicitado. El Gobierno holandés no ha logrado controlar la práctica de la eutanasia, pues la mayoría de los médicos no notifican los casos de eutanasia y no se constata el cumplimiento de las medidas preventivas.
Hay además en estas leyes otro hecho preocupante, que es que, aunque guste a unos pocos, nos implican a todos. En otros temas esto podría tener menor importancia, pero es que estamos hablando de un derecho humano fundamental, como es el derecho a la vida que trasciende a toda la sociedad. Reconocer un derecho a acabar con la propia vida, aun en las circunstancias de una enfermedad incurable, supone un atentado no solo contra la vida propia, sino contra la vida humana en general. Es algo que afecta a toda la sociedad y que una vez admitido no solo será difícil dar marcha atrás, sino que irá a más y se irá llevando por delante los principios y valores morales que supone el respeto a la dignidad humana.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su sesión del 25 de enero de 2012, aprobó la resolución 1859/2012 con el título de: «Proteger los derechos y la dignidad humana en consideración a los deseos previamente expresados por los pacientes», en la que se señala que: «La eutanasia, en el sentido de la muerte intencional, por acción u omisión, de un ser humano en función de su presunto beneficio, debe ser prohibida siempre«. Y la Asociación Médica Mundial, que representa a las organizaciones médicas colegiales de todo el mundo, afirmó en octubre de 2019: «La WMA se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica… Ningún médico debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo». Pero, ¿qué es el Parlamento Europeo o la Asociación Médica Mundial frente a la Asociación Derecho a Morir Dignamente? Esta asociación, desde su creación en España en 1984 viene promoviendo el discutible derecho de cualquier persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla. Una asociación, que ha gozado de espacio en la tarea de ingeniería social promovida en los medios progres de comunicación, dejando de lado el papel de los profesionales de la salud, y defendiendo el pretendido derecho de los enfermos terminales a decidir sobre el final de su vida y a morir pacíficamente y sin sufrimientos.
Y aquí viene otro de los problemas de aplicación de la eutanasia ¿son los médicos quienes han de prestarse a la eliminación de un paciente?, ¿se obligará a quien por razones de conciencia no desee acabar con la vida de un paciente? Realmente, aparte de otras consideraciones morales, lo que está en juego con la eutanasia no es el derecho a morir pacíficamente, sino el derecho a exigir que un médico sea quien ejecute al paciente, incluso en contra de su conciencia, y esto es muy grave dado que el médico está para curar, no para quitar la vida a un enfermo. El Art. 36 del Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial Española, reformado en 2011, señala que: «el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este».
La eutanasia y el suicidio asistido no son actos médicos, conseguir que la muerte sobrevenga de forma pacífica y sin sufrimiento, si lo es. La muerte sin sufrimiento se puede lograr mediante los “cuidados paliativos”, que es algo real fruto de los avances en Medicina y de lo que el Gobierno de España ha preferido no oír hablar a pesar de los esfuerzos de las asociaciones de profesionales médicos, el Comité de Bioética de España y numerosas plataformas y asociaciones que se han manifestado en contra de una ley que llega a la paradoja de considerar la práctica forzosa de la eutanasia o el suicidio asistido como muerte natural.
Entonces ¿qué hacer ante un enfermo que por el estado avanzado de su enfermedad está abocado a una muerte con sufrimiento? Lo primero para responder a esta pregunta es admitir que hoy nadie tiene por qué morir con sufrimiento. La experiencia que señalan muchos médicos que tratan a enfermos terminales es que el paciente lo que quiere es no sufrir, por encima incluso de no morir. Esa es precisamente la misión de los cuidados paliativos, aliviar los síntomas que provocan el sufrimiento y deterioran la calidad de vida del enfermo en situación terminal.
La Organización Médica Colegial aprobó en febrero de 2009 una Declaración en la que entre otros puntos señala que: «La frontera entre lo que es una sedación en la agonía y la eutanasia activa se encuentra en los fines primarios de una y otra. En la sedación se busca conseguir, con la dosis mínima necesaria de fármacos, un nivel de conciencia en el que el paciente no sufra, ni física, ni emocionalmente, aunque de forma indirecta pudiera acortar la vida. En la eutanasia se busca deliberadamente la muerte inmediata. La diferencia es clara si se observa desde la Ética y la Deontología Médica».
El sufrimiento es una compleja mezcla de factores espirituales, emocionales y físicos que pueden ser encauzados de forma positiva y hasta encontrarle un sentido, con una ayuda psicológica adecuada. Aunque no sea posible cambiar una situación contraria a la vida si lo es influir en el modo de afrontarla. Primero con los fármacos que alivien el dolor, y al mismo tiempo, con un apoyo en el aspecto psicológico al paciente y a su entorno familiar. Una ley de eutanasia como la que se tramita en España, ignora todo esto, e ignora, además, el aspecto espiritual, que es otro componente importante de los cuidados paliativos. La atención al entorno familiar es un elemento muy importante en la vida de toda persona y muy especialmente en el último tramo de su vida. Humanamente se debe atender la voluntad del enfermo proporcionándole la presencia de quien el desee le conforte en el tránsito hacia una muerte inevitable de forma natural, en paz consigo mismo y de acuerdo con sus creencias religiosas.
Lejos de la insensibilidad y utilitarismo que supone promover y aprobar la eutanasia en plena pandemia de la COVID-19, cuando han muerto alrededor de 100.000 personas en nuestro país, no está de más recordar el Informe del Comité de Bioética de España, que por unanimidad recomendaba la no aprobación de la Ley de eutanasia y que termina con estas palabras: «cobra aún más sentido tras los terribles acontecimientos que hemos vivido pocos meses atrás, cuando miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente digna. Responder con la eutanasia a la “deuda” que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional».