La cultura de la muerte no tendrá la última palabra en España – Alicia Latorre || EL EFECTO AVESTRUZ
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Por Francisco José Contreras, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla y diputado de Vox en las Cortes Generales. Publicado en Libertad Digital el 24 de junio de 2022. (en la imagen de portada La Corte Suprema de los Estados Unidos de América, Wikipedia)

La revocación por el Tribunal Supremo de EEUU de la sentencia Roe vs. Wade –que en 1973 declaró que el aborto en los primeros seis meses de embarazo era un «derecho constitucional» inalienable de la mujer, obligando así a los estados a admitirlo en dicho plazo– es un acontecimiento gigantesco, indicador de un cambio de tendencia en Occidente. Pues las sucesivas victorias progresistas descansaron menos en la potencia de sus argumentos que en un sentido de inevitabilidad e irreversibilidad histórica: ellos eran la encarnación del Zeitgeist, quien les resistiese era un «reaccionario»; sus conquistas eran definitivas, pues ¿quién querría volver a un pasado que la cultura progre hegemónica pinta como abominable? La caída de Roe vs. Wade implicará no sólo la salvación de millones de vidas, sino también romper el mito de la indefectibilidad del progreso, el dogma de que cualquier tiempo pasado fue peor, sólo comparable en simplismo al prejuicio tradicionalista de que los antepasados fueron siempre mejores. Lo cierto es que, si hemos mejorado en algunos aspectos –nunca hubo menos pobreza en el mundo, por ejemplo–, también hemos declinado en otros. Al restablecerse la protección legal del nasciturus en el país más influyente del mundo, se le arrebata a la progresía lo que Herder llamó «la manija de la Historia», el monopolio de la interpretación de su dirección.

Los tres nombramientos de Trump han consolidado una mayoría originalista (o sea, partidaria de interpretar la Constitución con arreglo a su sentido textual, y no de obligarla a decir lo que dicte en cada momento la imaginación jurídica progresista) en el Tribunal Supremo. La apelación del caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization ha brindado la gran oportunidad para subsanar el destrozo causado por Roe vs. Wade a la razón, el Derecho y la sociedad norteamericana.

Roe vs. Wade se basó en una montaña de mentiras. Mentiras fácticas, como que la demandante Jane Roe hubiese quedado embarazada por una violación en grupo (Norma McCorvey, que por entonces se declaraba «lesbiana», concibió a su hijo en relaciones voluntarias). Mentiras jurídicas, como que la Constitución norteamericana ampare el derecho al aborto: en realidad, la Constitución ignora el asunto, pero el magistrado ponente Harry Blackmun entendió que el derecho a abortar estaba implícito en el «derecho a la intimidad» afirmado por la sentencia Griswold v. Connecticut de 1965, supuestamente cubierto a su vez por la Enmienda 14 de la Constitución, la del due process of law: «Nadie será privado de su vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal». Lo lógico era interpretar que tampoco podía privarse de su vida al concebido no nacido; en lugar de eso, Blackmun, plegándose a las expectativas de una América en plena revolución sexual, consideró que prohibir el aborto en los dos primeros trimestres de embarazo privaría de su libertad a la mujer.

Dada la relevancia del precedente en el Derecho anglosajón, la tergiversación jurídica requería también una falsificación histórica: la tesis de que la prohibición del aborto había sido la excepción y no la regla en el pasado centenario del common law. Blackmun afirmó que el aborto era legal en el momento de la independencia norteamericana, y que por tanto los constituyentes daban por supuesta su licitud, aunque no lo explicitaran en el texto. Era mentira: en realidad, como ha demostrado Ramesh Ponnuru, el aborto fue penalizado por el Derecho inglés desde el siglo XIII, y ciertamente era un delito en la época de la independencia, cuando las familias tenían un promedio de siete u ocho hijos y un tercio de las novias de Nueva Inglaterra se casaban embarazadas. La penalización se hizo cada vez más explícita y severa durante el siglo XIX, en reveladora correlación con los descubrimientos científicos sobre la concepción y la gestación (por ejemplo, el del ovocito por Von Baer en 1827). Y las feministas clásicas fueron apasionadas antiabortistas; por ejemplo, Victoria Woodhull, que en un artículo de 1874 titulado «La matanza de los inocentes» decía:

Los que quieren exculpar la destrucción de una vida según el momento [del desarrollo fetal] en que se produzca se consuelan pensando que no son asesinos, cuando son abortistas.

La concepción de la relación materno-filial que subyacía a Roe vs. Wade (y al abortismo en general) era, como ha explicado O. Carter Snead, aberrante: «Disuelve la relación parental, atomiza y aísla a la madre y el niño, concibiéndolos como extraños enfrentados en un conflicto de suma cero», y atribuye a la mujer «el derecho a ejercer violencia letal para repeler a un intruso». Pero madre e hijo no son realmente extraños enfrentados, sino dos seres en profunda simbiosis, «corporalmente ensamblados, de manera literal, el uno dentro de la otra, estrechamente interdependientes: dos vidas integradas e interrelacionadas hasta un grado que no se da en ninguna otra relación humana».

Roe vs. Wade era postmoderna en su forma de sustituir la realidad objetiva por un supermercado cosmovisional en el que cada consumidor tiene derecho a construirse su peculiar concepción del hombre y del cosmos; la sentencia aludió a «la libertad de definir cada uno su propio concepto de la existencia, del significado, del universo, y del misterio de la vida humana». No existen la naturaleza humana ni la ley natural, sólo infinitas versiones del «misterio de la vida» (¿valdrán también las de Hitler y Stalin?).

La de Roe vs. Wade es una sociedad basada en la ley del deseo: tenemos derecho a remodelar la realidad según nuestro capricho (por ejemplo, un hombre pasa a ser mujer o viceversa –digan lo que digan sus cromosomas– por la real gana del interesado). En el caso del aborto, se trataba del deseo –rápidamente convertido en derecho– de vivir la sexualidad sin trabas y sin asumir las consecuencias biológicas del coito (la naturaleza es tan reaccionaria que inventó el sexo no sólo para el placer, también para la reproducción de la especie). Una sociedad libertina necesita el aborto como última red de seguridad anticonceptiva. Así lo reconoció Planned Parenthood vs. Casey, la sentencia del Supremo que confirmó la sacralidad del aborto en 1992:

Durante dos décadas de avances económicos y sociales, las personas han organizado sus relaciones íntimas y hecho elecciones que definen su visión de sí mismos y de su lugar en la sociedad contando con la disponibilidad del aborto en caso de que falle la anticoncepción (in reliance of the availability of abortion in the event that contraception should fail). La capacidad de las mujeres de participar igualitariamente en la vida económica y social ha sido facilitada por su capacidad de controlar sus vidas reproductivas.

Sí, pero la vida reproductiva se puede controlar mediante la abstinencia sexual o el uso de anticonceptivos. La primera opción resulta impensable para una sociedad que ha convertido la libertad sexual absoluta en su valor supremo, sacrificándole tanto la vida de los no nacidos como la estabilidad de las familias.

En cuanto a los anticonceptivos, cuando fueron legalizados, en los 60-70, se dijo que su uso abriría «una edad de oro del matrimonio», pues las parejas no se verían desgastadas por las tensiones de una prole excesiva; se dijo también que su disponibilidad traería el fin del aborto, pues ninguna mujer quedaría embarazada contra su voluntad. En realidad, anticonceptivos, aborto y ruptura familiar parecen configurar un paquete indisociable de desresponsabilización sexual, y lo que muestran las estadísticas es que todos ellos han crecido –o se han mantenido en niveles muy altos– desde la década de los 70. Lo mismo cabe decir sobre la noción de «aborto legal y seguro, pero infrecuente», famosamente defendida por Bill Clinton o Isabel Díaz Ayuso. La experiencia internacional demuestra que, allí donde el aborto es legal, en ningún caso se mantiene en niveles infrecuentes, por generosas que sean las ayudas ofrecidas a las embarazadas. No, no se aborta por pobreza o por deficiencias de las políticas sociales: en los países nórdicos –con gasto social enorme y niveles de renta entre los más altos del mundo–, la tasa de aborto oscila entre los 15 y los 20 por cada mil mujeres y año (en España fue de 8,2 en 2021).

De EEUU nos llegó –en buena parte– la revolución sexual y la primicia del aborto legal; desde allí nos puede llegar también el cierre de una etapa que ha conducido a Occidente a la desacralización de la vida humana, a la fragilización de la familia y a un invierno demográfico que pone en peligro su sostenibilidad a medio plazo. La revocación de Roe vs. Wade devolverá la cuestión a los Legislativos de los estados norteamericanos: algunos, los más progresistas, blindarán el aborto –extendiendo su plazo hasta el momento del parto– como un derecho sagrado, pero una mayoría de estados conservadores lo restringirán drásticamente o lo prohibirán en absoluto. El admirable movimiento provida estadounidense –que ha marchado bajo la nieve todos los 23 de enero durante medio siglo– cosecha ahora el fruto de su constancia y demuestra que la Historia no pertenece necesariamente a los progresistas. En realidad, el progresismo carece de futuro, pues conduce a una fecundidad de 1,2 hijos por mujer (es la tasa española actual, más de un 40% por debajo de la tasa de reemplazo) y al colapso por envejecimiento. Sólo una reacción conservadora nos permitirá un porvenir: la cuestión es si sabrá protagonizarla el propio Occidente o si se producirá por sustitución demográfica de los occidentales.