El rio que nos llevan (I)

Por José Manuel Belmonte, Dr. En Ciencias Humanas por la Universidad de Estrasburgo, miembro de CiViCa. Publicado en su blog Esperando la Luz el 10 de mayo de 2021.

El agua es esencial para vivir y el principal medio de desarrollo y prosperidad, aquí y en el mundo, donde somos Peregrinos de la belleza, según María Belmonte.

El agua dulce es un tesoro escaso y hay que cuidarla. En la primera mitad del siglo pasado, el primer Plan Hidrológico Nacional (PHN), decía que el agua es el “primer elemento para crear riqueza en cadena y que beneficiará a todo el conjunto nacional”.

Los embalses que se hicieron en la España predemocrática, el de Entrepeñas (1956) y Buendía (1957), fueron punto de partida «para el envío del agua excedentaria desde la cuenca del Tajo a la del río Segura«, según el Proyecto de Aprovechamiento Conjunto de los Recursos, en 1967. Precisaba que el derecho al trasvase, sería en el caso de «existencia de caudales sobrantes en la cuenca alimentadora (río Tajo), y del estado de sequía en la cuenca receptora (río Segura)». 5O años después esa precisión, se ha ignorado (ver enlace).

Desde la Ley General de Aguas del año 1969 existen gran número de instituciones con atribuciones sobre el agua y sobre el riego. Y el agua, se ha convertido en «un negocio», «un problema», y hasta en «un arma». Por lo que, el valor del agua es mucho más, que su precio.

Recordemos que además de las 2 Españas, la húmeda y la seca, había 2 muros ideológico-político-autonómicos, muy enfrentados: uno de izquierda y otro de derecha. Por si eso no fuera suficiente a la hora de acordar decisiones, la mayoría de los organismos de cuenca son Confederaciones Hidrográficas, en cuencas que incluyen varias comunidades autónomas. Son parte de la administración del Estado y al mismo tiempo, son herramientas para la toma de decisiones a nivel local.

En los años 70 se proyectaba un gran trasvase del Ebro de 1.400 hm3/año a Barcelona, que levantó la impopularidad en Aragón -alimentada desde la manipulación de un fácil sentimentalismo popular aragonesista enardecido -, hizo que la nueva ley evitara el término trasvase en favor de un nuevo eufemismo: “transferencia”.

Los slogans como el de “nos roban el agua”, “nos dejan sin futuro” sirvieron entonces y al final de los 90.

Desde 1975, con las primeras etapas de la democracia y las autonomías, se pasó de puntillas sobre el problema nacional del agua, si bien se regaron las parcelas nacionalistas, que desde entonces han crecido y tensionado políticamente a los sucesivos gobiernos.

Desde entonces se viene caracterizando España, por la proliferación de obras, planes y proyectos que -en el sentir de la ciudadanía-, permiten a nuestros políticos suculentas comisiones que enriquezcan sus bolsillos y los de los amigos afines.

Desde 1990, prácticamente cada dos años se realizaron nuevas propuestas de ley que no prosperaban.

En el año 2000, la Directiva marco del agua (DMA) de la UE, supuso un  fuerte impulso para un planteamiento pionero sobre la protección del agua, basado en las formaciones geográficas naturales –las cuencas hidrográficas– y el señalar que todas las aguas europeas deberían tener buenas condiciones,  antes del 2015.

En 2001 el Plan Hidrológico Nacional (PHN) intentaba con el excedente de agua, que se arroja al mar y es de todos, responder a la necesidad de agua del litoral Mediterráneo. El principal escollo del proyecto era «transferir» agua desde la cuenca del Ebro al litoral mediterráneo, que podría beneficiar a: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Suponía una inversión 4.200 millones, ya que era una gran estructura permanente, para beneficio de la cuenca mediterránea. De ese presupuesto, 1.200 millones los pagaba la UE. Costaría, pues, 3.000 millones. El proyecto suscitó una gran oposición política y mediática. Los intereses agitaron enfrentamientos entre comunidades, aunque finalmente fue aprobado por el Parlamento.

Y es que «los trasvases han sido y son la “quintaesencia” de los conflictos del agua en España.… Los grandes trasvases, como los proyectados en el Ebro, son obras que llevan asociadas un inimaginable mundo de intereses económicos y políticos, que a los ojos y apetencias de los interesados las hacen irrenunciables…», según Javier MARTINEZ GIL, Catedrático Emérito de Hidrogeología, en Zaragoza.

En 2004, Zapatero paraliza y anula el PHN, del gobierno anterior. No importaba que el proyecto del PHN estuviera ya en marcha, ni que se perdiera todo, incluso la subvención comunitaria. El Ejecutivo, con la Ministra del Medio Ambiente Cristina Narbona, diseña el Programa A.G.U.A (acrónimo de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua). La principal oposición al PHN era que el río  Ebro no tenía suficientemente agua para trasvasar y, que no se respetaba el medioambiente. De todos modos, el agua sobrante del Ebro terminaría en el mar y lo sigue haciendo. Así que habría que utilizar agua salada, «desalinizarla» para utilizarla para riego y consumo. Para ello  se instalarían 51 DESALADORAS, repartidas por el litoral mediterráneo.

Anunciaron, que según las directrices comunitarias sobre el agua DMA,  con el nuevo proyecto se llevaría el agua a los ciudadanos con el menor coste, mayor calidad y mejor gestión y sería 400 millones más barato que el PHN. Además,  la financiación europea de 1.200 «la vamos a intentar conseguir con la suma de todas nuestras actuaciones» (ver enlace).

En política, saber vender es esencial, aunque sea humo. Prometer, no cuesta nada y además evitaba el enfrentamiento con la oposición regionalista.  Nadie, podía decir, a priori que la promesa o el órdago lanzado, no fuera cierto. 

1.- De la utopía y el órdago, al baño de realidad 

El 7-2-2012, de aquella utópica pretensión de desalar casi 800 hectómetros cúbicos al año, se constataba, 8 años después, que sólo habían entrado en funcionamiento 17 de las 51 instalaciones anunciadas, con un rendimiento que apenas supera los 100 hectómetros cúbicos anuales. Además, contra lo prometido, el agua era más cara y de baja calidad. ¿Y la gestión?

¿Se puede llegar a saber algo? Las Desaladoras y Potabilizadoras Hidráulicas «se vuelven opacas al interponerse empresas estatales y estar impulsadas bajo el paraguas de interés general». Como indicaba el catedrático citado J. Martínez: «tienen un efecto droga«, en el sentido de que crean dependencias crecientes y generan nuevas apetencias que no tienen límite de satisfacción posible. Cuestan mucho dinero público…un dinero expuesto siempre a la picaresca de los grandes desvíos presupuestarios, difícilmente comprensibles, pero siempre legales...de forma que lejos de esa pretendida vertebración y unión del país en torno a lazos de dependencia y solidaridad hidrológicos son motivo de desunión y enfrentamiento visceral«.

Así que, OKDIARIO desvelaba el informe del Interventor sobre los contratos realizados por ACUAMED (Aguas de las Cuencas Mediterráneas), la empresa pública creada y dedicada a la construcción y gestión de desaladoras, Patrimonio del Estado. Según informe del Tribunal de Cuentas, se detecta un sobrecoste de 214 millones en seis plantas desaladoras, lo que supuso hasta un 45% más. Y los contratos de publicidad que se cargan en ella: “en nuestra opinión, dichas actividades no guardan relación con el objeto social de Acuamed». ¿A dónde iban? (ver enlace).

 El 26-6-2018, la exministra Narbona, tenía que comparecer públicamente, admitía el despilfarro «lamentable» en las plantas desaladoras que ella impulsó en 2004, aunque negaba irregularidades en Acuamed, la sociedad estatal de aguas investigada por la Justicia por supuestos contratos amañados que involucrarían a los socialistas.

El sistema de desaladoras del Mediterráneo atrajo dinero privado, se sabe que había captado por lo menos 1.700 millones de euros antes de 2017. Pero la gestión, no ha sido, ni clara ni eficiente. La Justicia había puesto los ojos en 21 millones de euros porque sospechaba que fueron cargados indebidamente en las cuentas de Acuamed según Intervención General del Estado (ver enlace).

El mencionado efecto droga o «un mundo de intereses económicos y políticos» de difícil control. olía mal. Y para más opacidad, aún hoy se está apostando, por la colaboración pública y privada (CPP), para apalancar la inversión y… en qué proporción. Según Manuel Navarro, el Dia del Agua 2021, comentando los datos de MITECO: «de 100 euros, que sean públicos 20 y de inversión privada, 80. Parece necesaria CPP para darle un empujón al ciclo integral del agua en nuestro país”. La Ministra, actual, acaba de anunciar una inversión de 7.000 millones en los próximos 6 años. Si eso supone el 20% para ese empujón, calculen la cantidad enorme que correspondería al 80% que debería aportar la inversión privada. La suma finalmente, sería el importe de lo que cuesta el empujón, al ciclo del agua en 6 años.

Nadie, pueda dudar de la palabra de la Vicepresidenta IV y Ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ya que según Teresa Rivero el Día del Agua, en 2021, en ese Plan abarcarían tres aspectos: 1) Planificación Hidrológica, 2) Protección de las aguas y, 3) Gestión del dominio público hidráulico.

La curiosidad número 1) es que, la ministra hablaba de la «resilencia del agua», frente a los efectos del cambio climático. Las prevenciones de los efectos del cambio climático no son de ahora, y «la capacidad para superar circunstancias traumáticas» o para superar la adversidad ¿no es principalmente de las personas?

La curiosidad número 2) es el coste. Ni se menciona el estado actual del proyecto DESALADORAS, ni su coste. La ciudadanía desearía saber ¿cuánto dinero de los Presupuestos del Estado se ha invertido en la gestión del agua en los últimos 17 años, desde 2004 y dónde ha ido? Si la cantidad anunciada para los próximos 6 años, incluido la CCP, ¿Lo multiplicamos por 5? ¿Qué cantidad de hm3 de agua se han desalado finalmente en las 51 Desaladoras anunciadas por Narbona? ¿A qué precio sale? Y, por supuesto, quien va a rendir cuentas de esos 7.000 millones anunciados, que son de todos los ciudadanos. El río de dinero, también tiene peligro de desbordamiento, ¿o no?