Un bien común llamado clima

Por el Cardenal Angelo Scola. Publicado en Páginas Digital el 7 de Agosto de 2015

En el curso de unas décadas el clima ha cambiado. A la mayoría, esta observación le parece hasta tal punto obvia que no necesita demostración. El de los negacionistas parece ser ya un grupo cada vez más reducido, pero con el que es bueno mantener cierta confrontación.

Todos los días conocemos por los periódicos que se intensifican los llamados “desastres naturales” (tifones, huracanes, inundaciones…), la reducción de los glaciares, de los bosques y de los cultivos, la elevación del nivel de los mares y la consiguiente erosión de las costas, el avance de los desiertos, el deterioro de los suelos… En todo caso, una cosa es cierta: los que pagan la cuenta más elevada son los países de renta medio-baja, cuyas poblaciones se ven obligadas a emigrar. Desde hace años, en las regiones subsaharianas se produce un éxodo de proporciones cada vez más amplias.

Según los expertos, los cambios climáticos también se traducen en condiciones de vida cada vez más precarias para los pequeños productores agrícolas y para las familias rurales indígenas. Pero precisamente son ellos la “espina dorsal” de la producción agrícola y agroalimentaria en los países de renta medio-baja. Por tanto, si por un lado son los actores clave de la lucha contra el hambre, por otro constituyen en cambio los grupos sociales más marginales y vulnerables, con menor acceso a los servicios esenciales de salud y educación, y con menor “voz” política, por su dispersión territorial y su lejanía, también geográfica, respecto a los centros de poder político. Todavía hoy, la gran parte de la pobreza extrema se concentra en las zonas rurales. Además, no es difícil encontrar en los procesos masivos de urbanización, con la ampliación de las periferias en las megalópolis, el efecto directo del abandono de los campos, por necesidad o por desesperación.

¿Qué respuestas dar ante estos problemas? La palabra “respuesta” tiene la misma raíz que “responsabilidad”. Y la responsabilidad, como insistentemente recuerda el Papa Francisco en su última encíclica, es siempre tanto comunitaria –hasta los más grandes y altos niveles sociales y políticos– como personal –hasta tocar a cada uno de nosotros, incidiendo en nuestros estilos de vida diaria–. “El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana” (Papa Francisco, Laudato si’, 23).

Es deseable que la “Conferencia de las Partes sobre cambio climático” (COP21), que se celebrará en diciembre en París, pueda favorecer pasos significativos hacia adelante en este sentido.

A nivel global, el desafío del cambio climático ha llevado, según los expertos, a identificar dos tipos de políticas: políticas de “mitigación” y políticas de “adaptación”.

Las políticas de mitigación tienden a reducir esa componente del cambio climático imputable a los comportamientos humanos. Se trata, sustancialmente, de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero tanto en el frente tecnológico-productivo (fuentes de energía “verde”, procesos productivos de baja intensidad energética, etcétera) como en el frente de los comportamientos individuales y sociales (reducción de los residuos y del excesivo consumo energético). En la práctica, hay que identificar y aplicar oportunas soluciones tecnológicas, junto a políticas que lleven a comportamientos individuales y sociales apropiados (por ejemplo, mediante regulaciones ambientales y formas impositivas innovadoras). Se pide una profunda acción educativa orientada a introducir nuevos estilos de vida. Aunque sea necesario, de hecho indispensable, eso nunca bastará por sí solo para sustituir ese cambio (la Laudato Si’ habla además de conversión) de mentalidad y de comportamiento al que, sobre todo los noroccidentales, se nos reclama urgentemente.

Las políticas de adaptación, en cambio, tienen el objetivo de reducir al mínimo los costes económicos, sociales y ambientales del cambio climático que ya se ha producido y que sería razonable esperar para el futuro, puesto que, incluso en las perspectivas más halagüeñas, las políticas de mitigación podrán tal vez ralentizarlo, pero no eliminarlo. Las políticas de adaptación son especialmente esenciales en las zonas rurales de los países con más riesgo. En este contexto, toda la estrategia de desarrollo rural necesita un replanteamiento en términos de posibilidades reales de permanencia de las poblaciones locales en sus territorios. Sabemos que estas poblaciones tienen un intenso vínculo espiritual, cultural, social y económico con su tierra. Para ellos, “la tierra es vida”, literalmente. Pero para reducir los riesgos y contener las pérdidas asociadas a los acontecimientos climáticos extremos no basta con soluciones tecnológicas o procedimientos reguladores. Hace falta una respuesta a otros niveles, hecha “a la medida” de las exigencias locales, para que las poblaciones no se vean obligadas a emigrar.

Existe por tanto una notable diferencia entre las dos tipologías de políticas planteadas por los expertos, tanto en su naturaleza como en la predisposición para hacerse cargo de parte de los actores responsables. Las políticas de mitigación requieren de inversiones que normalmente activan nuevos sectores productivos, realizando nuevos bienes de consumo. En definitiva, también a corto plazo, crean negocio.

En cambio, las políticas de adaptación comportan inversiones inmediatas que solo producirán beneficios futuros… y beneficios no monetarios, que se manifestarán bajo la forma de costes evitados. Por tanto, ningún o muy poco negocio. La importancia de estas políticas a nivel local no parece que se reconozca, a juzgar por los datos de los que disponemos. Casi el 80% de los fondos vinculados al cambio climático se destinan de hecho a proyectos de mitigación mediante nuevas tecnologías energéticas, mientras que para los proyectos de adaptación climática –tan esenciales para la seguridad alimentaria del planeta y para la lucha contra la pobreza– solo quedan las migajas.