Publicado en La Razón, R. R. / B. V. C.,18 de diciembre de 2014..
Las más de 300.000 interrupciones voluntarias que se han producido en España en los tres últimos años del Gobierno del PP han supuesto un desembolso para el Estado de más de 50 millones de euros, un dinero que las asociaciones pro vida consideran que podría ir destinado a planes o medidas de apoyo a las madres que no llevan a término sus embarazos por dificultades económicas. Las Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) asegura que «entre el 60 y el 70 por ciento de los abortos en España son financiados por las comunidades autónomas», aunque, dependiendo de la autonomía, este porcentaje es inferior o superior.
Publicado en La Razón, R. R. / B. V. C.,18 de diciembre de 2014..
Las más de 300.000 interrupciones voluntarias que se han producido en España en los tres últimos años del Gobierno del PP han supuesto un desembolso para el Estado de más de 50 millones de euros, un dinero que las asociaciones pro vida consideran que podría ir destinado a planes o medidas de apoyo a las madres que no llevan a término sus embarazos por dificultades económicas. Las Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) asegura que «entre el 60 y el 70 por ciento de los abortos en España son financiados por las comunidades autónomas», aunque, dependiendo de la autonomía, este porcentaje es inferior o superior.
Teniendo en cuenta que en España se han practicado más de 300.000 abortos en los últimos tres años y que cada intervención supone un desembolso de entre 300 y 400 euros, el Estado ha gastado cada año al menos 18 millones de euros por los 100.000 abortos practicados en ese margen de tiempo y que multiplicado por tres arroja la friolera de más de 50 millones en tres años. Una cuantía que las asociaciones provida consideran que se habría podido invertir en poner en marcha medidas de apoyo a la maternidad que eviten interrupciones de embarazo. Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, cree que « desgraciadamente, la maternidad en España está penalizada y todo está orientado a que la mujer no tenga hijos. En España las ayudas están además muy dispersas por comunidades y no es lo mismo tener un hijo en Madrid que tener un hijo en Andalucía».
Es evidente que el incremento del número de clínicas autorizadas para realizar esta intervención está íntimamente ligado aumento de la derivación de esta intervención de hospitales públicos a centros privados. Los últimos datos proporcionados por Sanidad del año 2012 así lo reflejan.
De las 112.390 mujeres que abortaron en nuestro país hace dos años, casi 70.000 se informaron del proceso en un centro sanitario público, aunque solo 7.000 se realizaron en un centro público, el resto se practicaron en clínicas privadas, más de 100.000, aunque también es cierto que no todos los abortos que se practicaron en estos centros fueron financiados por la Seguridad Social, ya que se puede ir directamente al centro sufregándolo de forma privada. Del mismo modo, practicamente el 90 por ciento de los abortos se realizaron a petición de la mujer, 102.567, y la franja de edad que suma más interrupciones es entre 20 y 34 años.
La mayoría de las comunidades autónomas ya han entregado sus datos sobre el número de abortos que se realizaron durante el año 2013 al Ministerio de Sanidad y éste, como cada año, a finales de este mes hará público el informe que determina la evolución. El Instituto de Política Familiar (IPF) se ha adelantado y asegura que ha podido consultar los datos de seis comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Galicia y Baleares. De acuerdo con los datos que ha analizado este organismo, en 2013 se produjeron 64.190 interrupciones del embarazo sólo en estas comunidades autónomas. Mientras queen 2012 en Madrid se produjeron 20.134, los datos que sostiene IPF señalan que subieron en más de tres mil. En la capital, al igual que ocurre en la mayoría de comunidades, el número de centros privados está muy por encima del número de públicos: tres frente a siete. Otra de las zonas de España donde más abortos se producen es Cataluña. Los datos que apunta el IPF fijan el número de interrupciones en 2013 en 22.083, casi dos mil más que el informe definitivo que publica Sanidad del año anterior. Esta comunidad es una de las excepciones ya que cuenta con un mayor número de centros públicos acreditados, frente a los privados. Son el doble: 46 con respecto a los 23 centros públicos. Otra de las regiones de España que ya han facilitado datos es la Comunidad Valencia, donde apenas se reduce el número de abortos; se practicaron 9.640 en 2012, mientras que durante el año pasado la cifra bajó hasta 9.345. En esta zona del levante las clínicas privadas también superan a las públicas. Son cinco más: 15 frente a 10.En lo que se refiere a Galicia, el número de intervenciones también baja: de 3.655 a 3.443. En esta comunidad hay cuatro centros autorizados: dos públicos y cuatro privados. En las Islas Baleares, al contrario, baja. De los 3.065 abortos que se realizaron hace dos años, el número se elevó en unos 300 casos, hasta los 3.336. En esta comunidad el número de centros está igualado, son ocho en total: cuatro públicos y cuatro privados. Por último, en Aragón bajaron en unos cien procedimientos menos: de 2.689 pasaron a 2.778 en 2013.
Casi 2 millones desde 1985
De acuerdo con las conclusiones del Instituto de Política Familiar, los abortos de estas seis comunidades «suponen casi el 60 por ciento de los abortos totales de España, por lo que de continuar esta tendencia en el resto de comunidades autónomas se producirán más de 110.000», una cifra que, aún así, sería inferior a la que se contabilizó en 2012. Eso sí, si se mantiene esta cifra, España se consolidará como el tercer país de la UE28 con más abortos.