La reforma Ruiz Gallardón (2)

Por Nicolás Jouve, miembro de CíViCa, publicado en Páginas Digital el 20 de Enero de 2014

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que el programa electoral del PP era ambiguo y que una reforma de la actual ley del aborto necesita mayor consenso y apoyo social. No sé cómo se puede considerar ambigua una afirmación como la que se recoge como objetivo en el punto 3.1 del programa electoral del PP, en relación con “La Familia primera sociedad del bienestar”: «cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida».

Ni esto es ambiguo, ni la vida de seres inocentes debe utilizarse como moneda a cambio de votos, ni se puede tratar de bobos a los cerca de 11 millones de votantes que dijeron no entre otras cosas a una política, como la del anterior gobierno, en la que no solo se hundió la economía española sino que se ejerció una auténtica e irresponsable ingeniería social con hasta 19 leyes que contribuyeron al debilitamiento y la desnaturalización del verdadero significado de la familia, el matrimonio y la vida humana. ¿Es esto lo que desea que permanezca el Sr. Monago?, ¿cree que es esto lo que querían los votantes de su partido?

Pero, al margen de las consideraciones políticas lo que se le debe exigir a un dirigente político es altura de miras y el camino emprendido por la reforma de la Ley del aborto, inspirado en el derecho a la vida, debe primar sobre cualquier otro tipo de intereses. Cabe preguntarse: ¿qué clase de personas son los dirigentes políticos que anteponen sus intereses electorales a algo tan elemental como la defensa de la vida humana? ¿Quién puede estar en desacuerdo con lo señalado recientemente por el Papa Francisco?: «provoca horror el solo pensamiento de que haya niños que no podrán ver la luz, víctimas del aborto»

En anteriores comentarios nos hemos referido a las cuestiones científicas. Creo que hoy ya nadie debería dudar, ni se puede mantener, que lo que se elimina con el aborto es la vida de un ser humano y no un conglomerado de células, como todavía se atreven a sostener algunos proabortistas, con evidente ignorancia o falta de sentido de la realidad. También es verdad que muchos proabortistas, llegan a reconocer la certeza biológica de la vida humana desde la concepción, pero restan importancia a este hecho y dicen que lo importante, desde una pretendida postura progresista, es la libertad de la mujer y su derecho a abortar. Tratan de justificar el aborto bajo el prisma de que el derecho a decidir sobre la continuidad de su embarazo está por encima del derecho a nacer de su propio hijo.

La reforma emprendida por el ministro Alberto Ruiz Gallardón traslada el debate sobre el aborto a un conflicto entre dos entidades, la vida y dignidad del no nacido frente a la salud de la madre. El punto de partida es la necesaria protección del no nacido bajo la acertada consideración de que se trata de una vida humana en sus primeras etapas de desarrollo. Es de celebrar el mismo título del anteproyecto «Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada», que arguye defensa de la vida, tanto del concebido como de su madre.

La reforma se fundamenta en la sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 que señalaba con toda claridad que: «si la Constitución protege la vida, no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de concluirse que la vida del "nasciturus", en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana- garantizado en el art. 15 CE, constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional». Por tanto, el anteproyecto toma como principio la defensa de la vida conforme al artículo 15 de la Constitución Española que señala que «todos tienen derecho a la vida».

El hecho de que una ley como la actualmente vigente desde 2010 determine que el no nacido no tiene derecho a la vida, al mantener su desprotección absoluta durante las primeras 14 semanas de vida, implica que se anteponen los intereses -sean los que sean- de la madre a la vida de un inocente, lo que choca frontalmente con el reconocimiento de la dignidad y del derecho a la vida humana del concebido no nacido, señalado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.

No vale ni negar la realidad de la vida humana del feto en formación ni tratar de disfrazar la muerte cruel y violenta del mismo con el eufemismo de la interrupción del embarazo -terminología por cierto que debería desaparecer del anteproyecto-, pues de lo se trata es de cortar de forma irreversible la vida de un nuevo ser. En puridad se trata de un “aborto provocado” o “aborto inducido”, lo que en términos más drásticos podría adjetivarse incluso de forma más dura. A este respecto decía la Madre Teresa que «el mayor enemigo de la paz es el aborto, porque es una guerra directa, una matanza directa, un asesinato directo por la propia madre».

Lo que caracteriza la reforma del ministro de Justicia es precisamente tratar de proteger la vida del no nacido y elevar, al menos a un terreno de conflicto, su derecho a la vida frente a los problemas de salud de la madre, que en cualquier caso deben ser reales y no simulados como ocurría en un gran porcentaje de casos durante la vigencia de la primera Ley española del aborto, entre 1985 y 2010. Un problema que en vez de solucionarse en favor de la protección del no nacido se trató de soslayar del modo menos adecuado, mediante la liberación del aborto en las primeras 14 semanas de la vida del no nacido. Lo que no cabe duda es que si se corrigiese el problema mediante la protección del no nacido y se exigiese un dictamen médico riguroso de los problemas de salud física o psíquica de la madre el número de abortos se reduciría my sensiblemente. Así ocurrió en Polonia, cuya reforma legislativa condujo a que entre 2001 y 2005 se redujeran los abortos de más de 100.000 a tan sólo 96.

Según los datos recientemente publicados por el Ministerio de Sanidad, en 2012, acogiéndose a la Ley del aborto del 2010, 9 de cada 10 abortos fueron a petición de la mujer y sin aducir ningún tipo de causa. La falta de protección durante ese período ha llevado incluso al uso del aborto como un método anticonceptivo como lo demuestran los siguientes datos revelados en el reciente informe “El aborto en España hoy (1985-2012)”, publicado recientemente por el Instituto de Política Familiar: mientras en 2001 los abortos de mujeres que habían abortado más de una vez representaban el 24,5%, en 2006 la cifra ya había alcanzado el 31%, y en 2012 ascendió hasta el 36,2%.

Un capítulo preocupante de la reclamación del aborto por quienes se olvidan del valor y la dignidad de la vida humana es el relacionado con el llamado aborto terapéutico, que constituye uno de los elementos de conflicto que trata de enderezar la reforma emprendida por el gobierno del PP. Antes de comentarlo, conviene recordar el Artículo 10º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás».

Con la reforma emprendida se suprime el aborto eugenésico y se impide cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad, como tantas veces han reclamado las asociaciones de defensa de los discapacitados y de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en la 76ª sesión plenaria de las Naciones Unidas celebrada el 13 de diciembre de 2006, ratificada por España, reclamaba: «el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y de la condición humanas; lo que supone también el derecho a nacer diferente». A ello añadía que: «la discriminación contra cualquier persona en base a su discapacidad es una violación de la dignidad y del valor inherentes de la persona humana». Es evidente que la ley de 2010, olvidó estos principios, como así señaló el Comité de la ONU encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención, cuando en septiembre de 2011 hizo una advertencia a España a propósito de la Ley Aído: «El Comité recomienda al Estado parte (España) que suprima la distinción hecha en la Ley 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente» [1].

Este ha sido otro factor presente en los motivos de la reforma emprendida por Alberto Ruiz Gallardón, y supone otro gran avance al entender la protección de los discapacitados como una obligación moral no solo después, sino también antes de nacer, en línea con la justa reclamación de las asociaciones de discapacitados, y en particular en España por el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad).

Sin embargo, es cierto que el problema del aborto, como antaño la esclavitud o el racismo, ha llegado muy lejos en la sociedad plural de los países desarrollados. Aunque la mejor manera de proteger la vida es que no haya abortos, esto parece difícil de abordar en el momento presente en una sociedad que confunde el bienestar con la comodidad y que parece haber sustituido los valores del amor, el altruismo y el respeto a los demás por el egocentrismo, las conveniencias y el individualismo, incluso a costa de los más indefensos. ¿Es esto progresismo? El gran mérito de la reforma emprendida por el actual gobierno es la de dar marcha atrás a esta demencial escalada a la desprotección de la vida. Lejos de bajar los brazos o echar marcha atrás lo que hay es que seguir adelante con la convicción de que el camino emprendido es el correcto y con el respaldo moral de la tendencia creciente de los movimientos provida en EE.UU. y en Europa. De ello dan fe una serie de hechos recientes que demuestran el avance hacia legislaciones más respetuosas y defensoras de la vida:

• El creciente movimiento provida en España, con cientos de asociaciones que defienden el derecho a la vida desde su concepción. El año pasado se contó con el apoyo de 460 organizaciones en las movilizaciones del día internacional de la vida, convocadas bajo el eslogan de Sí a la Vida.

• La Sentencia del Alto Tribunal de Luxemburgo del 28 de octubre de 2011, que obliga a que los países de la UE adapten sus leyes para que no se usen embriones para uso industrial o comercial, o para el desarrollo de patentes. En este sentido está pendiente un cambio legislativo en esta dirección en las leyes de reproducción asistida (Ley 14/2006) y de Investigación Biomédica (14/2007).

• La decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del 25 de enero de 2012, de: Proteger los derechos y la dignidad humana en consideración a los deseos previamente expresados por los pacientes, en cuyo punto 7 se señala que no se deben admitir juicios generales de carácter social y que «en caso de duda, la decisión siempre debe ser pro-vida y a favor de la prolongación de la vida».

• El reciente éxito de la iniciativa Ciudadana Europea ‘Uno de Nosotros’, desarrollado a lo largo del año pasado con el fin de obtener un compromiso de la UE de no consentir ni financiar investigaciones que presupongan o favorezcan la destrucción de embriones humanos, así como que la ayuda comunitaria al desarrollo no pueda utilizarse para financiar el aborto, directa o indirectamente. Tras el cierre de la campaña de recogida de firmas el 1 de noviembre pasado se habían recogido cerca de 2.000.000 en toda Europa, el doble de lo necesario para el planteamiento de esta iniciativa en el ámbito del Parlamento europeo. España, con más de 170.000 firmas ocupa el cuarto puesto en el ranking de recogida de firmas de los 28 países que han colaborado con la ICE, hasta cuatro veces más el número de firmas exigido por la normativa europea, una cifra muy significativa y animante para todos los ciudadanos españoles defensores de la vida

• El rechazo por el pleno del Parlamento Europeo de Estrasburgo, por dos veces, la última el 10 de diciembre de 2013, del llamado informe Estrela, que defendía el aborto como un derecho de la mujer y solicitaba a los gobiernos europeos que asegurasen la educación sexual como obligatoria en la enseñanza secundaria, bajo un repertorio de directrices inspiradas en la “ideología de género”.

• La decisión de la Comisaria de Investigación de la UE de no destinar fondos económicos para proyectos de investigación que conlleve la destrucción de embriones humanos en el ejercicio presupuestario de este año y del próximo… y previsiblemente los siguientes… Horizonte 2020.

• La “Marcha por la Vida”, convocada en París el pasado domingo 19 de enero que rinde un homenaje a España y saluda la valentía del gobierno español al plantear una reforma de la ley en defensa de la vida de los no nacidos.

Tras este repertorio de hechos no cabe argumentar que la reforma emprendida por el gobierno español vaya en contra de la tendencia de los países de nuestro entorno, como enfáticamente se trata de señalar desde posturas opuestas a la misma.

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[1] Committee on the Rights of Persons with Disabilities 6th session. (19-23 September 2011).