La esperanza para los hijos de una pareja muy mal avenida

En una separación conyugal los que más sufren son los hijos. No hay que ser experto en la materia para llegar a tal conclusión y, desde la distancia emocional, todo el mundo observa con bastante claridad que la separación, aunque siempre traumática, debe asumirse de la mejor forma posible, por el bien de toda la familia, especialmente de los más vulnerables, los niños.

Sin embargo, cuando una pareja se encuentra en un proceso de separación o divorcio y al drama de los rencores iniciales se añaden otras cuestiones extremas -que hacen irreconciliable no sólo la relación conyugal sino ni siquiera la relación interpersonal-, el último recurso que queda es el Punto de Encuentro Familiar (PEF).

A uno de los PEF de la Comunidad Valenciana acude cada semana Javier S., para encontrarse con su hijo de cinco años. Javier explica que su mujer, -de la que inició proceso de divorcio al sorprenderla “con otro en la cama” de su propia casa-, le ha denunciado por malos tratos y ha solicitado una orden de alejamiento. Él niega la mayor. Asegura que es la venganza de ella por abandonarla y se desata en lágrimas al tener que ver a su hijo en esas circunstancias. Aún le resulta imposible relatar su experiencia, todavía hay demasiado dolor.
Es sólo uno de los ejemplos del drama familiar, real, que requiere de una atención especial hacia ese niño de cinco años. Y de esa tarea se encargan los profesionales que trabajan en los PEF.

Fundación Favide

María José Beneyto es subdirectora de la Fundación Favide, entidad para la atención de las víctimas del delito y encuentro familiar de la Generalitat Valenciana. Explica que el artículo 2 de la Ley 13/2008 de 8 de Octubre de Puntos de Encuentro Familiar de la Generalitat Valenciana denomina PEF al “servicio especializado en el que se presta atención profesional para facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesos de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso”.

Es un servicio social gratuito, “al que se accederá por resolución judicial o administrativa”, comenta. Facilita la relación de los niños con sus padres y allegados, salvaguardando su seguridad “mediante una intervención temporal de carácter psicológico, educativo y jurídico por parte de los profesionales”.

La finalidad del Punto de Encuentro Familiar es ”cumplir la resolución judicial” que ha llevado a la familia a necesitar de este ‘espacio neutral’ y el objetivo es “normalizar y dotar a los afectados de la autonomía suficiente para relacionarse fuera de este servicio”.

Existen, para ello, cinco principios rectores: Primero: Delante de intereses encontrados, siempre será prioritaria la seguridad y bienestar del menor. Segundo: Los profesionales de los PEF deberán contar con experiencia suficiente y formación especializada en materia de familia, menores, violencia de género y resolución de conflictos. Llevarán a cabo sus intervenciones con objetividad, imparcialidad y salvaguardando la igualdad de las partes en conflicto. Tercero: Los datos de carácter personal serán confidenciales. Cuarto: El PEF será el único medio posible para facilitar las relaciones entre el menor y su familia y tras haber agotado otras vías de solución. Quinto: La actuación tendrá carácter temporal, hasta conseguir la normalización de las relaciones paterno-filiales y entre el menor y la familia.

La crisis económica y otras muchas causas

Pese a que las causas que provocan una desavenencia familiar semejante son muchas y variadas, los expertos de la fundación Favide advierten de que la crisis económica -por la situación de desempleo de muchos progenitores- ha recrudecido la coyuntura y ha motivado un aumento de los casos en todo el país. “Si bien no disponemos de datos científicos suficientes que lo avalen, sí es cierto que durante los últimos años se constata un aumento de casos de maltrato en el ámbito familiar, en el que los usuarios nos han indicado entre las causas de la disputa, el empeoramiento de la relaciones como consecuencia del deterioro económico sufrido por la situación actual”, expone Beneyto.

Otras circunstancias que, tradicionalmente, han dado origen a la derivación a estos centros son la toxicomanía de algunos de los progenitores “que conlleva que durante años apenas haya tenido un contacto con sus hijos”; la enfermedad mental, “que hace recomendable la presencia de un profesional durante las visitas”; los episodios de violencia doméstica en los que se ha dictado una orden de protección “que impide el contacto directo entre los padres”; la falta de habilidades de crianza en alguno, “por la que resulta recomendable reforzar mediante el apoyo de un profesional durante un tiempo limitado”; indicios de que el menor ha podido sufrir algún tipo de abuso por parte de alguno de los progenitores pero no se encuentran suficientemente acreditados y por lo tanto, el régimen de visitas no ha sido suspendido; o casos en los que existe algún tipo de interferencia en el menor ”que impide el normal cumplimiento del régimen de visitas”.

Expedientes de 2009 en la Comunidad Valenciana

Hasta el 30 de junio, en los dos PEF de la provincia de Castellón se contabilizaron 40 nuevos expedientes abiertos. “Contando los expedientes abiertos en años anteriores de los que se han programado visitas durante el primer semestre de este año, la cifra se eleva a 102 expedientes, por lo que el volumen real de trabajo en la provincia de Castellón se sitúa en 142 familias que acuden a un Punto de Encuentro Familiar derivadas por cada juzgado”, añade la técnica.

Los casos atendidos por los 18 PEF de toda la Comunidad Valenciana durante el año pasado fueron 1.042, un 7% más que el año anterior. De este total, el 44% tenían una orden de protección, según explica la consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León.

La modalidad de atención más frecuente sigue siendo el intercambio, es decir, la entrega y recogida de los menores en el centro, con un 54,03% de los casos, mientras que en el 32,25% de las familias atendidas fue necesaria la visita tutelada con un supervisor.

Es por ello que, según Beneyto, el mantenimiento de estos programas resulta vital “para asegurar el cumplimiento del régimen de visitasy el derecho del menor a relacionarse con sus progenitores y otros parientes con total libertad velando en todo momento por su seguridad tanto física como psicológica”.