El Tribunal Constitucional avala el ‘matrimonio’ homosexual y el PP lo “acata”

Editorial publicado en ForumLibertas.com el 7 de Noviembre de 2012
 
¿Por qué los ‘populares’ no hacen uso ahora de su capacidad legisladora para suspender la ley cuando en 2005 decían que desnaturalizaba “la institución básica del matrimonio”? Una ley buena debe ser constitucional, pero ¿una ley constitucional es necesariamente buena?
 
El desmantelado y caducado Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el 'matrimonio' homosexual al rechazar el recurso presentado por el PP hace siete años contra la reforma del Código Civil que regula el 'matrimonio' homosexual, según han confirmado fuentes del Tribunal Constitucional. La pregunta era, ¿qué haría en esta circunstancia el PP? Pues el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón ya ha adelantado que “El PP lo que hará será, acatando la sentencia del TC, no modificar la vigente ley y, por lo tanto, dejar exactamente en la regulación que el TC ha validado la normativa que afecta al matrimonio entre personas del mismo sexo”.
Si el Partido Popular dejó en manos del Tribunal Constitucional esta patata caliente cuando no ostentaba el poder para no ser luego, como gobernante, quien cambiara la ley se olvida de que una ley constitucional no tiene que ser necesariamente buena. Su posición en el Gobierno no tiene otro sentido que hacer leyes buenas al amparo del marco legislativo que marca la constitución, pero no leyes constitucionales que se queden al margen de las necesidades sociales, la ideología que presuntamente representan los ‘populares’ y dar la espalda a un gran número de sus votantes contrarios a esta ley.
 
Desde que la reforma del Código Civil entro en vigor en julio de 2005 y hasta el año pasado, se han celebrado un total 22.124 bodas entre personas del mismo sexo, de las que 897 han acabado en divorcio o separación, según datos del INE. El número de estos matrimonios se ha mantenido más o menos constante, con entre 3.000 y 4.000 al año.
 
La reforma entró en vigor el 3 de julio de 2005 por iniciativa del PSOE, y convirtió a España en el cuarto país del mundo que legalizaba estas uniones. En su momento, la reforma modificó 16 artículos del Código Civil para sustituir los términos “marido” y “mujer” por el “cónyuges” y las palabras “padre” y “madre” por “progenitores”. Además, amplió el artículo 44 con la siguiente afirmación: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
 
El 30 de septiembre de 2005 el Partido Popular decidió interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la ley que regula el matrimonio entre personas del mismo sexo, al entender que la norma desnaturalizaba "la institución básica del matrimonio".
 
Las asociaciones de familia, contrarias a la resolución
 
El presidente del Grup d’Entitats Catalanes (GEC) de la Família, Daniel Arasa, ha manifestado que “con el aval a los ‘matrimonios’ gays el Tribunal Constitucional ha dado alas a la ingeniería social. Es un mal paso”.
 
Arasa añadió que “se habla de ingeniería financiera para significar que se han maquillado unas cuentas, que se han falsificado los datos económicos. Ahora el TC ratifica una falsificación social. Se hace ingeniería social, cambiando la naturaleza de las cosas, porque desvirtúa lo que es de verdad el matrimonio”.
 
Para el presidente del GEC, “cuando toda unión por muy variopinta que sea es considerada matrimonio, y además resulta que éste se puede romper o anular con la facilidad con que se puede hacer en España, la consecuencia es que el matrimonio queda en nada. Lo han devaluado totalmente”.
 
Arasa afirmó que “respetamos a las personas homosexuales y no nos habrán oído jamás insultarlas o marginarlas, pero las cosas son como son. Más de una vez hemos dicho que se les podían reconocer unos derechos que tienen la parejas de hecho, pero nos parece un absurdo considerarlas matrimonio, tanto por lo que éste significa en sí mismo como por las consecuencias que se derivan en aspectos como adopción de niños y otros”
 
Del mismo modo, el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco ha anunciado que si la mayoría absoluta del PP no deroga inmediatamente la ley de 2005, la asociación promoverá una ILP para restablecer el matrimonio como unión específica para el hombre y la mujer.
 
“Exigiremos a los políticos -especialmente a los del PP- que se pronuncien uno a uno a favor o en contra del restablecimiento del matrimonio hombre – mujer”, ha afirmado Blanco, que considera que si los ‘populares’ se escudan en esta sentencia para aceptar ahora la ley de Zapatero, “estarán traicionando sus compromisos públicos en la materia durante los años 2004 y 2005 y renunciando a defender las ideasde sus bases con cobardía política”.
 
“En un momento en que el PP está perdiendo la adhesión de parte de su electorado por su política en materia fiscal o antiterrorista, que ahora renuncie a defender sus posturas tradicionales en materia de matrimonio y familia o educación, me parecería muy poco inteligente políticamente”, ha concluido Blanco.
 
Una ley de 2005
 
El Congreso aprobó la reforma del Código Civil que regula el matrimonio homosexual el 30 de junio de 2005, con los a favor todos los grupos parlamentarios, salvo el PP y los diputados de Unió, que lo rechazaron, así como otros cuatro diputados que se abstuvieron. Pese al apoyo de la Cámara Baja, previamente el Senado había vetado la norma, con los votos del PP, cuatro diputados de CiU y uno del PAR.
 
El 30 de septiembre de 2005 el PP denunció que la ley vulnera el artículo 32 de la Constitución, que establece el derecho al matrimonio, y vio igualmente quiebra constitucional en otros seis artículos (10.2, 14, 39, 53.1, 9.3, y 167) además de acusar al legislador de un uso fraudulento del término, en consonancia con lo dicho en su día por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
 
El TC venía tratando el fallo a fondo desde mediados del pasado mes de septiembre y se ha incluido en el programa de todos Plenos celebrados desde entonces. Además, el pasado 5 de julio, el Constitucional aceptó la abstención en este asunto del magistrado conservador Francisco José Hernando, que la solicitó por haber sido el presidente del CGPJ que en enero de 2005 emitió un informe radicalmente opuesto al proyecto, a pesar de que esta opinión no había sido solicitada por el entonces gobierno socialista.
 
Pero esta ley no solamente fue cuestionada en su día por el Consejo General del Poder Judicial, sino también por el Consejo de Estado, y la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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