En defensa de la Vida, en defensa de la Maternidad

Por Pablo Gil-Loyzaga. Doctor en Medicina y Cirugía(UCM), Doctor en Biología (Univ. Montpellier) y Doctor en el Área de Historia del Derecho (UNED). Catedrático. Facultad de Medicina. Universidad Complutense. Madrid y miembro de CíViCa (fotografía durante la Asamblea de CíViCa de 2011).

Hace pocos días tuvo lugar una interesante comparecencia en el Congreso de los Diputados del actual Ministro de Justicia D. Alberto Ruiz-Gallardón. Sus comentarios se orientaron de forma clara y fundamental a la defensa de la maternidad y a la necesaria protección que se le debe dar desde la Sociedad y la Legislación. Por ello, resulta cuando menos curioso que se haya provocado algún revuelo en algunos sectores políticos y sociales. El hecho de que distintos medios de comunicación, de muy diferentes tendencias, hayan recogido comentarios y frases similares (aunque, como ya es habitual, con interpretaciones contrarias) lleva a suponer que tal vez lo publicado corresponde a lo realmente acaecido
 
Vaya por delante que en ningún caso pretendo realizar aquí, ni en otro sitio, una defensa a ultranza del Sr. Ruiz-Gallardón ni de sus opiniones, ya que las mías solo en algunas ocasiones coinciden con las suyas. Por ello espero que las siguientes líneas no se interpreten en absoluto en clave política, sino desde las motivaciones en las que las sustento, que no son otras que mis propias ideas bioéticas y humanistas.
 
Según recoge la prensa, al parecer el Sr. Ruiz-Gallardón afirmó que "muchas mujeres ven violentado su derecho a ser madres por la presión que generan a su alrededor determinadas estructuras" que "las hacen responsables únicas" de los "supuestos embarazos no deseados". Continuaba el Ministro afirmando que eso supone "una violencia de género estructural contra la mujer por el mero hecho del embarazo".
 
El concepto de "violencia estructural" al que se refiere el Sr. Ruiz-Gallardón no es más que uno de los vértices del famoso "Triángulo de la Violencia" desarrollado por Galtung. Según este sociólogo noruego este tipo de violencia es el más pernicioso en tanto que el individuo no puede escapar en forma alguna de sus efectos. Aunque el concepto de violencia estructural ha sido utilizado con mayor frecuencia para defender numerosas situaciones de distinto signo político sea bien venido aquí si sirve, como en las declaraciones del Sr. Ruiz Gallardón, para defender a la mujer, al embarazo, a la maternidad y al nuevo individuo que aún no ha nacido.
 
En realidad los comentarios del Sr. Ministro de Justicia incidían en un hecho que es evidente para cualquiera que lo analice y es que, en la legislación española reciente, se ha dictaminado la despenalización del aborto pero no se ha hecho nada significativo en el apoyo a la maternidad, en favor de resolver los problemas para la adopción, etc. La legislación actual presenta el grave problema de que no modifica ni elimina "los obstáculos reales que impiden a la mujer su derecho a ser madre, abandonando la protección del concebido", según las propias palabras del Sr. Ruiz-Gallardón.
 
No es el objetivo de este texto enjuiciar la citada legislación (Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo), parte de cuyo articulado se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, debo afirmar que, desde mi perspectiva profesional como médico y desde mis planteamientos personales y humanos, siempre me voy a posicionar del lado de la Defensa de la Vida Humana, desde la concepción hasta la muerte natural, y en el apoyo al débil y necesitado (y el embrión y el feto no hay duda de que lo son). Tampoco hay que olvidar que, como muy bien recoge esa misma Ley Orgánica en su preámbulo, este tipo de legislación surgió cuando "Hace un cuarto de siglo, el legislador, respondiendo al problema social de los abortos clandestinos, que ponían en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres y atendiendo a la conciencia social mayoritaria que reconocía la relevancia de los derechos de las mujeres en relación con la maternidad, despenalizó ciertos supuestos de aborto".
 
Desde esa idea inicial que pretendía, con independencia de cualquier otro planteamiento, sobre todo evitar los "graves riesgos para la vida y la salud de las embarazadas" en una situación tan crítica como es la interrupción quirúrgica de un embarazo, hoy se ha pasado a un escenario muy diferente. En efecto, ahora parece que la vida de un nuevo ser humano, en pleno y progresivo desarrollo en el útero materno, tiene una importancia secundaria y, desde luego, no se le atribuye ningún derecho si tan siquiera el de la Vida. Incluso en los desarrollos legislativos más recientes se ha llegado a la situación en la que mujeres jóvenes menores de edad, que legalmente no pueden hacer casi nada sin consentimiento de sus padres, puedan tomar una decisión tan importante para su propia vida y para la vida de otro (el que aún no ha nacido) sin ni siquiera tener la necesidad de consultar a su familia (progenitores u otras personas de su entorno que las puedan orientar). Como si se tratase de una decisión totalmente banal, aunque no es posible afirmar que un aborto, como cualquier otra actividad médica o quirúrgica, vaya a estar libre de riesgos para la salud física o psíquica de la embarazada.
 
No hay que olvidar tampoco que uno de los argumentos utilizados en la defensa de las actuales legislaciones sobre "salud sexual y reproductiva", como la citada Ley 2/2010 o la "píldora postcoital" etc., era que se reduciría la incidencia del aborto inducido. Pero lo cierto es que en el año 2010 el número de abortos inducidos ha vuelto a aumentar en España. Según el informe oficial anual del Ministerio de Sanidad la cifra de abortos ha alcanzado, en el año 2010, la no despreciable cifra de 113.031. Aunque menos que en el año 2008 (año de mayor incidencia histórica con 115.812 abortos) lo cierto es que en 2010 fueron 1.549 más que en 2009, lo que supuso un incremento de 1.3%. Según diversos estudios, como el trabajo de D. Luis Vivanco (2011)[1] o los del Instituto de Política Familiar, en el entorno de la Unión Europea nuestro país se ha situado en estos años en el que más ha incrementado el número de abortos. Y esto a pesar de que hay otros con una población mucho mayor que el nuestro. De hecho, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, en 10 años la cifra de abortos en España se ha visto incrementada en un 115% (desde 53.843 en 1998 a 115.812 en 2008).
 
Es necesario destacar que solo se han detectado tendencias a la reducción de esta progresión en los países en los que se está dando prioridad al desarrollo de actuaciones de apoyo a la maternidad (desde un punto de vista social, humano y económico) y en los que, además, se están fomentando políticas a favor de la conciliación laboral y familiar. Es evidente para todos que nuestro país, ni siquiera en sus mejores periodos económicos o de desarrollo, ha destacado nunca en ninguno de los dos aspectos. De hecho siempre han sido temas lamentablemente muy postergados de consecuencias muy negativas para las mujeres, para las familias y para toda la Sociedad. Las políticas de conciliación laboral y familiar son imprescindibles en cualquier sociedad que se considere desarrollada. Pues bien, las palabras a este respecto del Sr. Ministro se referían a que: "Vamos a insistir en la promoción de la inserción sociolaboral de las mujeres embarazadas, en garantías para conciliar su vida personal, laboral y familiar, en garantizar que se evite cualquier tipo de discriminación. Y vamos a estar precisamente cerca de las mujeres más vulnerables: de las mujeres en paro, de las menores de edad, de las inmigrantes, de las mujeres con discapacidad".
 
Lo más sorprendente es que todos estos comentarios solo sirvieron para que algunas diputadas del PSOE increparan al Sr. Ruiz-Gallardón, llegando a comentar, siempre citando lo publicado en la prensa escrita, que: "Más de uno pensó que las mujeres nos parecemos a gallinas ponedoras". Es muy preocupante que se hagan este tipo de afirmaciones de forma pública. No creo que sea esta la mejor expresión para definir a las mujeres de las familias españolas que, de innumerables maneras, ponen de manifiesto su interés por llevar a cabo un desarrollo familiar, el que consideren en cada caso, y en el que incluyen sin duda un demostrado interés por tener hijos (propios o adoptados). De hecho si se considera de forma global, en España hay muchas más mujeres y parejas que desean tener hijos y tienen dificultades para conseguir este objetivo (problemas de infertilidad, dificultades y retrasos en la adopción, etc.) que las que deciden rechazar e interrumpir un embarazo, con independencia de las motivaciones que tengan-
 
Para apoyar esta afirmación recurriré a algunos breves datos estadísticos que, por otra parte, son bien conocidos. Si se quiere analizar correctamente es fácil entender que uno de los graves problemas de las parejas españolas es la infertilidad, ya que afecta a casi el 20% del total. De hecho unas 250.000 parejas consultan al año por problemas de infertilidad. Sin embargo las soluciones no son sencillas. Muchas mujeres inician tratamientos obstétricos, aunque entorno al 40% abandonan tras los primeros intentos. Estos datos estadísticos llevan a la conclusión inmediata de que hay muchas mujeres españolas que lo que desean es tener hijos y que lo que lamentan es su imposibilidad de tenerlos o la de que sus embarazos finalicen en abortos (en este caso espontáneos).
 
Un aspecto muy relevante es que casi un 62% de las parejas se ha planteado en algún momento llevar a cabo una adopción como solución para su deseo de constituir una familia en la que poder criar a unos hijos. Pero la legislación en este sentido sigue siendo absolutamente inoperante e insuficiente. En el año 2009 solo se acordaron 1.870 adopciones, cifra que parece haber aumentado un poco en los años posteriores. En este momento, según datos de la Fundación Madrina, en España existen más de 10.000 familias que estarían interesadas en adoptar un niño y, aunque hay más de 40.000 niños en los orfanatos, la complejidad legal es tal que muchos desisten y los que persisten deben esperar hasta varios años para poder conseguir su objetivo.
 
Todos estos hechos nos permiten pensar que es muy probable que la legislación española requiera una serie de desarrollos que favorezcan y apoyen a la mujer embarazada, sin discriminación alguna y sin presión de ningún tipo. Que le permitan tomar las decisiones que considere adecuadas pero en un entorno laboral y social en el que encuentre protección y no rechazo. Por ello, frente a los comentarios inadecuados de algunas personas, se deben acoger con esperanza las propuestas de avances legislativos que ha realizado el Sr. Ruiz-Gallardón. Vistos los datos previos deberíamos preguntarnos si algunos, tal vez muchos, de los embarazos que finalizan en aborto inducido no tienen otra alternativa. Si en realidad esos embarazos, solo "supuestamente" no deseados como indicó el Sr. Ministro, no podrían culminar con el nacimiento de un niño si se dispusiera de una legislación que diera un verdadero apoyo la maternidad.