Los hechos –no la ideología- determinan la realidad.

Por Nicolás Jouve, Catedrático de Genética, Presidente de CiViCa. Publicado en Páginas Digital el 17 de Enero de 2017.
 
Hace unos meses conocíamos un importante, extenso y documentado informe del ámbito de la psiquiatría, firmado por los americanos Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer, titulado “Sexualidad y género. Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales”. Este informe fue publicado en la revista americana de tecnología y sociedad The New Atlantis [1]. En el informe se señala que algunas de las afirmaciones más frecuentemente oídas sobre sexualidad y género carecen por completo de evidencia científica y que la orientación sexual y la identidad de género se resisten a cualquier explicación teórica simplista.

El informe de los Dres. Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer es concluyente: las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano (la idea de que los individuos “nacen así”). El informe revela además que existen índices más altos de problemas de salud mental en poblaciones de personas que se definen como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales (LGBT), y se pregunta sobre la base científica del tratamiento de los niños que no se identifican con su sexo biológico. Cada una de las conclusiones del informe está basada en la evidencia científica existente desde los distintos campos de investigación que confluyen en este campo, multidisciplinar, incluyendo la epidemiología, la genética, la endocrinología, la psiquiatría, la neurociencia, la embriología, la pediatría, la psicología y la sociología.

Los primeros interesados en tener en cuenta este documento deberían ser aquellos a los que se les llena la boca con la defensa de los intereses sociales. Es decir, a nuestros políticos nacionales y autonómicos, que en una delirante carrera por apuntarse a lo postmoderno, y dedicados al corto y pego y a la imitación demagógica de ver quién da más, llevan tiempo dedicados a legislar sin reparar en las consecuencias para las personas y la sociedad en su totalidad y desde luego al margen de la ciencia, y a aprobar unas leyes contra la vida, la familia y la salud.
La imposición de la “ideología de género” desde las administraciones públicas españolas, a través del sistema educativo y mediante duras sanciones económicas, es ya una realidad operativa en buena parte del territorio nacional, siendo ya once de las 19 autonomías las que han aprobado leyes en ese sentido en los últimos años.

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