España: Inconstitucionalidad de la ley del aborto

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Por José María Montiu de Nuix. Sacerdote, matemático, socio de CiViCa. Publicado en Exaudi Catholic News el 14 de septiembre de 2021.

El sacerdote y doctor en Filosofía Josep Maria Montiu de Nuix ofrece a los lectores de Exaudi este artículo en el que reflexiona sobre la inconstitucionalidad de la ley del aborto en España, el Tribunal Constitucional del país lleva 11 años sin pronunciarse sobre este asunto.

José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno español durante los años 2004-2011. Con su ministra de Igualdad Bibiana Aído, llegó la ley Aído, que permitía abortar libremente hasta la semana catorce del niño.

Cosa esta tan absurda como si se afirmara que una mujer tiene primero en su seno un ser vivo, por ejemplo, un gato, y, pasadas unas semanas, lo que ya ha pasado a tener es otro ser vivo, un niño; un niño que, antes, claro está, era gato. Por cierto, nunca he visto que nadie felicitara a una mujer, diciéndole: la felicito, señora, por ser usted la madre de un gato.

El artículo 15 de la Constitución española declara que todos tienen derecho a la vida. Resulta pues claro que la ley Aído y la Constitución española no pueden armonizarse. De aquí que contra la ley Aído se elevara al Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad.

Resulta interesante contemplar el abanico de tiempo desplegado desde estos momentos. En efecto: se estima que, en España, desde la promulgación de la ley Aído hasta el momento presente han llegado a producirse cerca de dos millones y medio de abortos. Se calcula que, en este país, desde la interposición del recurso de inconstitucionalidad, más de un millón de niños han sido abortados.

Como si no fuera suficiente un número tan elevado de abortos provocados, el Tribunal Constitucional, pasados once años de la interposición del recurso de inconstitucionalidad, aún no se ha pronunciado sobre si la ley Aído es o no conforme a la Constitución española. Han sido once años de ir acumulándose polvo sobre el recurso de inconstitucionalidad guardado dentro de un cajón.

De aquí la pregunta que se están realizando los movimientos provida españoles: ¿Qué espera el Tribunal Constitucional español para pronunciarse? Es que para decidirse a dictar sentencia, ¿necesita que haya tres, cuatro, cinco, o cuántos más millones de abortos, de crímenes?

¿Tan difícil resulta a un alto Tribunal dictar sentencia declarando que si todos tienen derecho a la vida, afirmación recogida también en la constitución española, como se ha señalado más arriba, entonces también el ser vivo humano concebido pero aún no nacido también tiene derecho a la vida, y, por tanto, es inconstitucional la ley del aborto? Además, el buen sentido de las personas y todas las evidencias científicas concluyen que desde el momento de la concepción el nasciturus es ya una persona humana.

Una tan larga demora del Tribunal Constitucional ha llevado a algunos a recordarle que ha de dictar sentencia. Así, algunos diputados españoles han denunciado dicho retraso ante el Tribunal de Estrasburgo. También la Ambulancia Vida, y grupos provida, se han manifestado reiteradamente ante el Tribunal Constitucional español reclamando que dicte sentencia, declarando si dicha ley es constitucional o inconstitucional.

El hecho de que aún no haya dictado sentencia, queda además agravado porque especialmente en los últimos meses, Irene Montero, actual ministra de igualdad del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, pretende endurecer la ley del aborto.

En concreto, los dislates que la ministra Irene Montero pretende, son los siguientes: 1) obligar a los médicos y al personal sanitario a realizar los abortos, sin que puedan oponerse a ello, alegando objeción de conciencia, 2) poder penalizar a los providas activos, evitando así que puedan evitarse abortos, 3) que se elimine los tres días de reflexión previos a la realización del aborto, procurando así un aborto exprés, 4) que las chicas menores de dieciséis años no precisen de la autorización paterna para poder abortar.

Ojalá los Señores del Tribunal Constitucional español no demoraran más dictar sentencia, una sentencia que fuera conforme a la verdad.